La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó reasumir competencia para analizar un amparo que cuestiona la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en México. El asunto plantea si las restricciones contenidas en la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México contravienen derechos como la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.
La decisión fue aprobada por el Pleno de la Corte con ocho votos a favor y uno en contra, durante una sesión en la que varios ministros expresaron la relevancia jurídica y constitucional del caso. La propuesta fue impulsada por el ministro Irving Espinosa Betanzo y respaldada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. La ministra María Estela Ríos votó en contra.
¿Qué analizará la Suprema Corte?
El amparo fue promovido por una mujer que enfrenta por segunda ocasión un diagnóstico de cáncer de mama y que, además, dedicó parte de su vida al acompañamiento de personas con enfermedades terminales.
El caso busca determinar si es constitucional que la legislación mexicana sólo reconozca como forma válida de fallecimiento la llamada muerte natural, prohibiendo de manera absoluta procedimientos destinados a poner fin a la vida de una persona con su consentimiento.
La resolución que eventualmente emita la Corte podría sentar criterios sobre temas relacionados con la dignidad humana, la autonomía individual, el consentimiento informado, los cuidados paliativos, la libertad de conciencia médica y la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Ministros destacan relevancia nacional del caso
Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que el asunto posee características de relevancia y trascendencia excepcionales que justifican la intervención directa del máximo tribunal del país.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que el debate implica pronunciarse sobre la capacidad de las personas para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida.
La ministra Loretta Ortiz destacó que una eventual resolución podría tener efectos importantes en ámbitos jurídicos, sanitarios, éticos y penales, además de abordar situaciones relacionadas con el sufrimiento físico y emocional prolongado de pacientes con enfermedades graves.
El contexto internacional sobre la eutanasia
Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García mencionó diversos países donde la eutanasia o el suicidio asistido cuentan con algún nivel de legalidad o han sido despenalizados mediante decisiones judiciales.
Entre ellos se encuentran Países Bajos, Bélgica, Canadá, Colombia, Suiza, Austria, Alemania e Italia, naciones que han desarrollado distintos modelos regulatorios para abordar el final de la vida bajo criterios médicos y legales específicos.
En América Latina, Colombia es uno de los países con mayor desarrollo normativo en esta materia, luego de varios fallos emitidos por su Corte Constitucional.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la aprobación de la reasunción de competencia, el expediente será turnado a uno de los ministros de la Corte para elaborar un proyecto de resolución.
Ese documento analizará el fondo del asunto y posteriormente será discutido y votado por el Pleno de la SCJN, que determinará si la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido es compatible con la Constitución mexicana.
La decisión final podría convertirse en una de las discusiones constitucionales más relevantes de los próximos meses debido a sus implicaciones en materia de derechos humanos, salud pública y legislación penal.
