La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.8% de la población ocupada durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. El dato describe una parte amplia del mercado de trabajo, pero no significa que 54.8% de las personas carezca de actividad económica o trabaje sin ningún ingreso. La definición estadística es más amplia y conviene leerla completa.
INEGI considera dentro de la informalidad laboral a quienes trabajan en unidades económicas no registradas y también a personas cuyo vínculo laboral no reconoce su fuente de trabajo. Ahí pueden entrar trabajadores por cuenta propia, empleados sin seguridad social y personas que laboran para negocios formales pero no tienen reconocida la relación que les corresponde. La etiqueta no cuenta una sola historia.
El porcentaje se refiere a la población ocupada, no a toda la población de 15 años y más. En el mismo trimestre, la población económicamente activa fue de 61.1 millones de personas y la población ocupada llegó a 59.6 millones. Estas cifras no deben mezclarse: una mide participación en el mercado, otra incluye a quienes efectivamente trabajaron.
La encuesta también reportó 3.9 millones de personas subocupadas, equivalentes a 6.6% de la población ocupada. La subocupación mide una situación distinta: personas que necesitan y tienen disponibilidad para trabajar más horas. Una persona puede estar ocupada y, al mismo tiempo, enfrentar subocupación o informalidad. Como en una caja con varios separadores, un mismo trabajador puede aparecer en más de una dimensión.
La informalidad tiene efectos concretos para las familias. Un empleo sin afiliación puede dejar fuera servicios médicos vinculados al trabajo, aportaciones para el retiro, licencias y mecanismos formales para reclamar prestaciones. Pero el indicador no permite concluir por sí solo cuánto gana cada persona ni si su ocupación es temporal, estable o de tiempo completo. Para eso se necesitan otras variables.
Para las empresas, el dato ayuda a ubicar un reto de productividad y competencia. Un negocio que opera sin registro puede tener menores costos inmediatos, pero también enfrenta límites para acceder a crédito, contratar servicios, emitir comprobantes o crecer con clientes institucionales. La formalización no se reduce a un trámite: implica obligaciones, pero también abre puertas que el efectivo diario no siempre permite cruzar.
El resultado de 54.8% fue superior al 54.3% observado en el mismo trimestre de 2025. Esa comparación es anual y nacional; no equivale a decir que todos los estados o sectores se movieron igual. Comercio, agricultura, construcción, servicios y trabajo doméstico tienen estructuras diferentes. Antes de sacar conclusiones sobre una ciudad, hay que revisar la desagregación correspondiente.
Para quien busca empleo, conviene preguntar desde el inicio quién contrata, qué tipo de vínculo ofrece, si hay contrato escrito, qué prestaciones existen y cómo se registra el salario. Una vacante que sólo promete “pago semanal” deja fuera información esencial. También es útil conservar recibos, mensajes y horarios, porque la evidencia de la relación de trabajo puede ser importante ante un conflicto.
El indicador no es una sentencia sobre las personas ni una calificación moral de los negocios. Es una fotografía estadística de cómo se organiza el trabajo en México. La cifra que debe quedar en la libreta es 54.8%, pero la pregunta útil es otra: ¿qué condiciones hacen que un empleo pueda sostenerse con seguridad social, ingresos y derechos reconocibles?
