La Jabalinada / Bruno Cortés
En México el poder tiene una costumbre muy suya: descubrir el problema el mismo día que aparece en primera plana. Este lunes de Día de Muertos no hubo mañanera, se suspendió hasta el martes, y sin micrófono en Palacio los periódicos hicieron la conferencia. Tres temas dejaron la mesa servida: el INE que se desarma por dentro, unos agentes aduanales con expediente que aparecen en el folleto de un puerto y una iniciativa que pretende resolver con cárcel lo que el Congreso no quiso legislar en cinco años.
Empecemos por el INE. El Universal documentó hoy que Cajas Graf y Litho Formas, dos de las siete empresas que la Auditoría Superior de la Federación liga al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Guadalupe Taddei, cobraron 123 millones 143 mil 630 pesos a los institutos electorales de Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit por material de la elección judicial de 2025. Sólo Quintana Roo pagó 50 millones 695 mil pesos; Sonora, 31 millones 98 mil.
Conviene la salvedad: lo que hay son observaciones de la ASF, indagatorias de la UIF y una investigación periodística que habla de competencia simulada entre empresas que compartían domicilio fiscal. No hay sentencia, hay expediente. Y la exconsejera tiene derecho a defenderse como cualquiera.
Pero el dato político no necesita juez. El 14 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó, con 342 votos a favor y 128 en contra, la reforma a la ley electoral que organizó la elección judicial. En el mismo paquete venía un regalo: la presidencia del INE podría nombrar por sí misma a los directores ejecutivos, sin votación del Consejo General. Es decir, la misma ley que inventó la elección de jueces le quitó al árbitro sus contrapesos. Y la elección de jueces terminó siendo, según los contratos, buen negocio para los proveedores de siempre.
Milenio reporta que el instituto pidió la renuncia a otros cuatro funcionarios cercanos a Taddei, con lo que suman 19 bajas en una semana. Rafael Martínez Puón, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, lo resumió en Excélsior: «El INE perdió contrapesos internos». No fue un accidente: fue diseño.
Ahora todos llegan con la escoba. El PAN propone devolver al artículo 45 su redacción previa a octubre de 2024, y tiene razón, aunque llega con la lámpara cuando ya se quemó la casa. Morena repite que la corrupción no empezó con la exconsejera y ha pedido revisar también la gestión de Lorenzo Córdova. Puede ser. Pero quien votó los superpoderes no fue Córdova. Y mientras unos y otros se reparten culpas, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro ya prepara, según Ricardo Monreal, la convocatoria para el relevo.
Ojalá esta vez el árbitro llegue sin padrino.
El segundo tema lo publicó Reforma a ocho columnas. Una presentación del llamado Puerto del Norte de Matamoros, que se vende como «la nueva alternativa logística» del Golfo, incluye en su lista de octubre a tres agentes aduanales señalados por la FGR por huachicol fiscal: Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak. A Carretero la Fiscalía lo considera prófugo por la importación irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los casos de huachicol fiscal más grandes de la historia, según el diario.
La Agencia Nacional de Aduanas respondió el mismo día: no elaboró ni difundió ese material, que no es padrón ni recomendación oficial, y las patentes citadas, otorgadas entre 1988 y 1996, ya están en procedimiento de suspensión o cancelación. Hay que tomarle la palabra. Pero entonces la pregunta cambia de domicilio: si nadie hizo el folleto, ¿quién lo repartió?, ¿quién lo actualizó en octubre?, ¿por qué un procedimiento de cancelación tarda más que un catálogo en imprimirse?
Traducción jabalí: no basta con cancelar la patente; hay que cancelar la costumbre. Y en las aduanas la costumbre es vieja, sobrevive a sexenios y casi nunca firma.
Justo es reconocer lo que sí camina. El Economista publicó hoy que la inversión física del gobierno sumó 637 mil 631 millones de pesos a septiembre, 8 por ciento más que hace un año, y que sólo en septiembre el gasto en infraestructura creció 60.5 por ciento, el mayor aumento para ese mes desde 2013. El INEGI estimó un crecimiento de 3.2 por ciento anual en el tercer trimestre. Son buenas cifras. Por eso duele más que el dinero que entra por la aduana siga saliendo por la coladera.
El tercer tema llegó a la Cámara de Diputados. La diputada del PT Nora Yessica Merino Escamilla presentó una iniciativa para prohibir la gestación subrogada y tipificarla como «explotación reproductiva», con penas de 15 a 25 años de prisión para quien la contrate o la facilite, con o sin pago, y de 8 a 15 años para quien entregue o reciba al recién nacido. Alcanza a médicos, agencias y notarios. A la mujer gestante la considera víctima.
Nadie niega que el riesgo de explotación sea real ni que proteger a las mujeres pobres sea obligación del Estado. Pero en junio de 2021 la Suprema Corte exhortó a legislar con urgencia sobre la materia. Cinco años después, la respuesta no es una regulación: es un código penal. No ordenar el contrato, sino encarcelar a todos los que lo firmen. No acompañar a las familias, sino mandarlas a prisión junto con el médico. Cuando el legislador no sabe regular, descubre la prisión.
P.D. 1. — El salón de los privilegios que nadie pidió. El vicepresidente del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó hoy que el oficio que pidió a la Cancillería el salón de protocolo del aeropuerto para legisladores no buscaba «un trato privilegiado», sino saber «cuál ha sido el destino del salón oficial». Eso sí, reconoció que el texto del oficio daba a entender lo contrario. La Cancillería se negó y Higinio Martínez lo llamó «error garrafal». Aquí nadie quiso la sala VIP: sólo la pidieron por escrito.
Un árbitro sin contrapesos, una aduana sin dueño y una ley sin matices.
El INE presume que ya barrió; falta que alguien revise quién fabricó la escoba.
