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Campeche a 10 de agosto, 2025.- En otra jugada que ya genera polémica en redes y medios, Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, logró que tres periodistas fueran obligados por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) a ofrecer disculpas públicas por supuesta “violencia política de género”. Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali tuvieron que leer su disculpa en el programa La Barra Noticias, aceptando que sus comentarios en un programa de YouTube y Facebook fueron “ofensivos, estereotipados” y que generaron “violencia digital y mediática” contra la mandataria.
Los periodistas intentaron apelar, pero la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, ratificó la sentencia. Así que no quedó otra que acatar la orden y leer el mensaje, algo que para varios analistas y colegas de la prensa huele a un nuevo capítulo de tensión entre el gobierno estatal y los medios críticos.
No es la primera vez que Sansores se enfrenta a reporteros en los tribunales. En agosto pasado, una jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio de Campeche ordenó al periodista Jorge González Valdez y al Diario Tribuna abstenerse de mencionar a la gobernadora. Pero la cosa no quedó ahí: también se nombró un “censor” oficial que debía aprobar previamente cualquier contenido, comentario o imagen relacionada con Sansores antes de publicarse.
Ese tipo de medidas provocó un fuerte rechazo de organismos de prensa, abogados y activistas, quienes advirtieron que imponer censura previa es violar directamente la libertad de expresión y el derecho a informar. Incluso se llegó a exigir al medio los datos de la persona encargada de manejar sus redes sociales, lo que levantó todavía más alertas sobre el alcance de estas acciones.
El caso de González Valdez es especialmente sonado porque la gobernadora lo denunció en 2024 por supuestamente “incitar al odio” en su contra. Pese a las restricciones, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito terminó tumbando las medidas cautelares por considerarlas “excesivas” y contrarias a derechos fundamentales como el trabajo, la libre expresión y la libertad de prensa.
Sin embargo, que el tribunal haya frenado la censura no significa que la batalla legal haya terminado. Los procesos contra González y otros periodistas siguen en curso, y organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa han advertido que el uso del aparato judicial para perseguir a medios críticos podría marcar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en el país.
Mientras tanto, los casos contra periodistas en Campeche parecen multiplicarse y generan un debate nacional sobre si se trata de la defensa legítima de la integridad de una figura pública o de un patrón de acciones legales para silenciar voces incómodas. Lo cierto es que la imagen de Layda Sansores sigue asociándose a enfrentamientos mediáticos y judiciales que no dejan a nadie indiferente.
S C
