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La diputada María Elena Pérez-Jaén presentó el 20 de octubre de 2025, ante la Fiscalía General de la República (FGR), 37 denuncias contra el senador Adán Augusto López Hernández por presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión como gobernador de Tabasco. Las querellas señalan un posible daño al erario cercano a 800 millones de pesos.
De acuerdo con los escritos presentados, las acusaciones se apoyan en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a las cuentas públicas de 2019 y 2020. Entre los señalamientos se incluyen pagos a personas fallecidas, nóminas sin soporte documental y transferencias sin justificación suficiente.
Las denuncias también refieren presuntos vínculos con una red conocida como “La Barredora”, así como gastos considerados excesivos en campañas y posibles omisiones en declaraciones patrimoniales. Según la relatoría entregada a la autoridad, un colaborador identificado como Carlo Padilla habría detallado operaciones irregulares vinculadas a esa red.
En paralelo, comités y consejos de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción solicitaron que autoridades de control, fiscales y financieras verifiquen posibles incongruencias patrimoniales y fiscales del senador, además de eventuales conflictos de interés.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, informó que un posicionamiento público en ese sentido fue retirado de redes institucionales por presiones internas. El hecho reavivó el debate sobre los procedimientos de colegialidad y los límites para fijar posturas en órganos ciudadanos.
En el frente político, legisladores de oposición impulsaron intentos para discutir el caso en el Congreso; las propuestas no prosperaron. Algunas senadoras y senadores difundieron materiales y videos con señalamientos sobre presuntas irregularidades en el sector salud y posibles vínculos con exfuncionarios de seguridad pública.
Dentro de Morena, se reportaron tensiones entre López Hernández y otros liderazgos por acusaciones de manejo financiero en el Senado y disputas regionales en Tabasco. También se registraron diferencias públicas con la Presidencia de la República en temas legislativos como la CNDH y la Ley de Amparo, mientras que filtraciones de audio alimentaron versiones de fricción interna.
El contexto financiero reciente del senador incluye referencias a ingresos y pagos de impuestos en 2023 y 2024. De acuerdo con la información disponible, estos movimientos han sido objeto de escrutinio en el marco de las solicitudes de revisión patrimonial y fiscal.
Hasta el momento no se conocen resoluciones judiciales firmes que acrediten o descarten las acusaciones. Las investigaciones permanecen en curso y su avance dependerá de la integración de las carpetas por parte de la FGR, así como del intercambio de información con instancias fiscalizadoras y el Senado.
Los comités ciudadanos han insistido en que cualquier pesquisa debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, y que los resultados —ya sea para confirmar o desestimar los señalamientos— se comuniquen de manera pública y verificable, a fin de fortalecer la confianza en las instituciones.
