admin
Por Bruno Cortés
El Senado de la República aprobó en lo general las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 76 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 39 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El dictamen busca modernizar y armonizar el marco jurídico del juicio de amparo, agilizando procedimientos e incorporando herramientas digitales. De acuerdo con sus promotores, el objetivo es cerrar espacios a la dilación procesal, evitar el uso abusivo de los recursos legales en materia fiscal y garantizar un acceso más ágil y efectivo a la justicia, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que no se trató de un trámite cerrado, sino de un proceso que incluyó audiencias públicas con especialistas, litigantes y organizaciones sociales. Aseguró que la reforma reafirma el carácter garantista del amparo como instrumento central de protección frente a actos de autoridad, pero al mismo tiempo busca impedir que se convierta en un mecanismo dilatorio que afecte el interés colectivo.
Desde la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez destacó que uno de los cambios clave es la precisión en las reglas para la suspensión del acto reclamado, con la finalidad de que no sea utilizada para mantener privilegios indebidos o prácticas ilícitas. Para los legisladores de la mayoría, apoyar este dictamen no es solo un asunto técnico o jurídico, sino también una decisión política para fortalecer al Estado y poner al centro a las personas.
La oposición, en cambio, advirtió que la reforma implica retrocesos. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, afirmó que los cambios alejan a los ciudadanos de sus mecanismos de defensa y facilitan la arbitrariedad de las autoridades. Carolina Viggiano, del PRI, aseguró que se trata de un intento por debilitar al Poder Judicial y dar manos libres al Ejecutivo. Por su parte, María Guadalupe Murguía, del PAN, consideró que la reforma contraviene la Constitución al debilitar la suspensión del acto reclamado, herramienta que nació precisamente para frenar los abusos de poder.
En la discusión, Morena defendió que la reforma devuelve al amparo su sentido más profundo, el de proteger el bien común, al evitar que se utilice para blindar intereses económicos particulares. El PT subrayó que las modificaciones lo hacen más ágil y accesible, mientras que el PVEM sostuvo que el amparo ya no puede estar al servicio de poderosos con intereses fiscales.
Minutos antes de entrar a la votación, el pleno rechazó una moción suspensiva presentada por Movimiento Ciudadano. Durante el debate se presentaron once votos particulares de PAN, PRI y MC que serán discutidos en lo particular, por lo que el proceso legislativo aún no concluye.
