El caso de Paola Buenrostro, asesinada en 2016, volvió al centro de la agenda pública tras la detención y judicialización de quien es señalado como presunto responsable, un avance que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, atribuyó tanto al trabajo de las instituciones como a la presión sostenida de colectivos y activistas para reconocer jurídicamente la violencia contra mujeres trans. La resolución también evidencia los pendientes para que la tipificación del transfeminicidio se traduzca en investigaciones eficaces y sentencias.
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