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El reciente aumento de un peso con cincuenta centavos en la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México ha sido recibido como un alivio mínimo, pero insuficiente, para un sector al borde del colapso. De acuerdo con Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, este ajuste no resuelve el problema estructural que enfrentan los operadores, quienes continuarán absorbiendo un déficit del 50% en sus costos de operación, equivalente a aproximadamente siete pesos por viaje. Esta situación, advierte, mantiene en riesgo la viabilidad financiera de las empresas y perpetúa un círculo vicioso de servicios deficientes.
Rosales Pallares explicó que, si bien el incremento constituye una tabla de salvación inmediata en la economía de los concesionarios, está lejos de ser la solución integral que el sistema requiere. Una tarifa crónicamente rezagada impide a los operadores cubrir los costos reales de operación, renovar sus unidades, invertir en capacitación o implementar tecnologías que mejoren la seguridad y eficiencia. El resultado, subraya, es un servicio que no logra ser seguro, eficiente ni digno para los usuarios, lo que a su vez genera una pérdida constante de pasajeros y profundiza la crisis del sector.
Esta postura encuentra eco en las declaraciones del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien durante una conferencia de prensa conjunta con los titulares de las secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas reconoció que el ajuste tarifario no basta para alcanzar la transformación que el sistema de transporte público necesita. La coincidencia entre la autoridad y los concesionarios señala un diagnóstico compartido: el problema trasciende un incremento marginal y exige una reformulación del modelo.
El marco legal vigente, establecido en los artículos 164, 165 y 166 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, estipula que las tarifas deben revisarse anualmente durante el tercer trimestre, con base en estudios técnicos que reflejen los costos reales de operación, mantenimiento, combustibles y las condiciones del servicio. La ley busca un equilibrio entre la viabilidad económica de los prestadores y el derecho ciudadano a un transporte accesible y de calidad. Sin embargo, la aplicación de este mandato no ha logrado cerrar la brecha financiera, evidenciando una desconexión entre el marco normativo y la realidad económica del sector.
Un análisis comparativo subraya la singularidad de la situación capitalina. La Ciudad de México mantiene una de las tarifas más bajas de América Latina. Mientras que en São Paulo, Brasil, el precio equivale a 17.28 pesos mexicanos, y en Montevideo, Uruguay, alcanza los 28.53 pesos, el costo en Buenos Aires, Argentina, es de 9.97 pesos en promedio. Esta disparidad coloca a los concesionarios locales en una posición de desventaja estructural para competir e invertir.
La transformación del transporte público, concluye el comunicado, requiere avanzar decididamente hacia un modelo empresarial de operación. Este nuevo esquema debería sustituir el tradicional sistema de concesiones individuales, el cual ha demostrado ser incapaz de generar la escala, eficiencia e inversión necesarias. La construcción de un sistema formal, sostenible y eficiente depende de la capacidad para romper el círculo vicioso donde una tarifa insuficiente deriva en un servicio de baja calidad, lo que a su vez ahuyenta a los usuarios y profundiza la crisis financiera de los operadores.
