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Bajo el rayo del sol en Monclova, la Presidenta Claudia Sheinbaum pegó un golpe en la mesa sobre la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA). Con la subasta de la acerera en puerta, fechada para este 27 de febrero de 2026, la mandataria lanzó un ultimátum claro: la prioridad absoluta del Estado es pagar las liquidaciones y adeudos a los trabajadores.
El mensaje de la jefa del Ejecutivo federal dejó con el ojo cuadrado a más de un acreedor, al establecer condiciones innegociables al síndico Víctor Manuel Aguilera y al juzgado mercantil encargado del caso. Nada de que primero se sirven los bancos y al último los obreros; la justicia laboral va por delante en la fila.
Y es que la historia reciente de AHMSA es para echarse a llorar. Desde que apagó sus hornos en 2023 y se declaró en quiebra formal en 2024, miles de familias coahuilenses se quedaron chiflando en la loma, acumulando hasta tres años sin salarios mientras los responsables de la empresa brillaban por su ausencia.
Sheinbaum no se anduvo por las ramas y le puso nombre y apellido al desastre, señalando que la quiebra no fue obra de la mala suerte, sino producto de la corrupción rampante del periodo neoliberal, encarnada en figuras como el exdirectivo Alonso Ancira.
La segunda condición presidencial es igual de contundente: queda estrictamente prohibido desmantelar la planta para rematarla como «fierro viejo». El objetivo de la administración federal es que la empresa que resulte ganadora en la próxima puja judicial reactive de verdad la maquinaria y la economía local.
Para entender la magnitud del coraje, hay que echar un ojo a la historia de la entidad. Coahuila no es cualquier terruño; como recordó la Presidenta, fue aquí donde Venustiano Carranza se amarró los pantalones un 19 de febrero para desconocer al usurpador Victoriano Huerta y formar el Ejército Constitucionalista.
Esa herencia histórica es la que hoy sirve de brújula moral para la Cuarta Transformación. La mandataria insiste en que permitir un nuevo saqueo en la región centro y carbonífera sería pisotear el espíritu de la Constitución de 1917, aquella que consagró por primera vez los derechos de la clase obrera y la soberanía de los recursos.
Para la región siderúrgica, que ha vivido un verdadero calvario económico con la pérdida de empleos y el encarecimiento de los materiales de construcción a nivel nacional, estas medidas caen como anillo al dedo. El gobierno federal busca que el rescate industrial sea un tanque de oxígeno y no un negocio redondo para especuladores financieros.
Habrá que estar muy al pendiente de los juzgados en los próximos días para ver qué firmas logran acreditar solvencia y se quedan con las llaves de AHMSA. Pero con la advertencia presidencial sobre la mesa, más vale que los inversionistas traigan la chequera lista para hacerle justicia a la base trabajadora.
