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En un mundo donde la verdad se paga con la vida, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha alzado la voz con una demanda contundente: la creación de un instrumento internacional vinculante que garantice la protección de la profesión. Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el pasado 2 de noviembre, la FIP y sus afiliados en todo el planeta instaron a los gobiernos a respaldar la Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas, una iniciativa impulsada ante las Naciones Unidas. Este llamado surge en un contexto donde, lejos de mejorar, la violencia y la intimidación contra quienes ejercen el periodismo no han dejado de aumentar desde que la ONU instauró esta fecha hace doce años.
La situación descrita por la FIP es desgarradora. El comunicado alerta que los periodistas que cubren manifestaciones “son golpeadxs, rociadxs con gas pimienta o disparadxs con balas de goma, a pesar de ir claramente identificadxs como prensa”. Pero la agresión no se limita a las calles; las redacciones son vandalizadas y, de manera particularmente virulenta, las mujeres periodistas se convierten en blanco de campañas de odio, amenazas de violación o muerte y la divulgación malintencionada de sus datos personales. Las cifras expuestas son un testimonio crudo de esta crisis: desde comienzos de 2025, al menos 99 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en el ejercicio de su labor. La mayoría de estas muertes ocurrieron en zonas de conflicto, con 50 víctimas en Gaza, 8 en Ucrania y 6 en Sudán. Ante esta carnicería, la impunidad es la norma: la UNESCO estima que a nivel mundial sólo se investiga uno de cada diez asesinatos de periodistas.
Para ilustrar este flagelo global, la FIP destacó cuatro casos emblemáticos en su campaña de este año. La periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, de Al Jazeera, fue asesinada en 2022 en Jenin mientras cubría una redada militar. El camarógrafo francés Frédéric Nérac desapareció en Irak en 2003, y su paradero sigue siendo un misterio. En Sri Lanka, el periodista de investigación y caricaturista Prageeth Eknaligoda desapareció en 2010. Más cercano en el tiempo, aunque con una justicia tardía, está el caso del reportero peruano Hugo Bustíos Saavedra, asesinado en 1988, que obtuvo una sentencia judicial 36 años después. Estos casos, separados por geografías y décadas, están unidos por un hilo común: la lucha de sus familias y colegas por obtener justicia frente a un sistema que a menudo mira hacia otro lado.
La presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, fue categórica en su advertencia: “permitir que los asesinos y agresores de periodistas queden en libertad envía una señal escalofriante de que los poderosos pueden silenciar voces, destrozar familias, borrar historias y eludir su responsabilidad”. Subrayó que “la lucha contra la impunidad es una responsabilidad universal” y remarcó la necesidad imperiosa de un tratado que obligue jurídicamente a los Estados a actuar. Es en este sentido donde la Convención Internacional propuesta se erige como la piedra angular de la solución. La FIP exhortó a los gobiernos a respaldar públicamente este instrumento para que la Asamblea General de la ONU pueda adoptarlo. “De lo contrario, este 2 de noviembre no tendrá ningún significado real”, concluyó Pradalié, con un mensaje que es a la vez una esperanza y una advertencia. La FIP reiteró que la lucha contra la impunidad continúa siendo uno de los mayores desafíos para garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en todo el mundo, una batalla en la que la palabra y la ley deben unirse para proteger a quienes nos mantienen informados.
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