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Por Bruno Cortés
La discusión sobre los derechos sociales volvió a encenderse en la Cámara de Diputados, esta vez desde la Comisión de Seguridad Social. Su presidente, el diputado Arturo Olivares Cerda, puso sobre la mesa una idea que, aunque suena técnica, tiene un impacto directo en la vida cotidiana: si se quiere ampliar la licencia de maternidad y garantizar una lactancia efectiva, primero hay que dejarlo claro en la Constitución y no solo en una ley secundaria.
La comisión analizó una propuesta para ampliar la licencia de maternidad de 84 a 180 días con goce íntegro de sueldo, repartidos antes y después del parto. Sin embargo, el dictamen fue rechazado no porque se esté en contra del fondo, sino porque —según explicó Olivares Cerda— modificar únicamente la Ley del Seguro Social no es suficiente para un tema de este tamaño. Hoy la regla general marca 42 días antes y 42 después del nacimiento, un esquema que, a decir del legislador, ya quedó corto frente a las necesidades reales de las madres y los recién nacidos.
La lógica que se está siguiendo es sencilla: si un derecho se quiere hacer efectivo en serio, debe estar blindado desde la Constitución. Por eso, varias diputadas ya trabajan en iniciativas para que la ampliación de la licencia de maternidad quede establecida en la Carta Magna y no dependa solo de cambios legales que pueden ser frágiles o limitados.
En la misma sesión también se desechó otro dictamen que buscaba ampliar la pensión por orfandad hasta los 25 años para jóvenes que sigan estudiando. La propuesta incluía, además, que las personas en situación de orfandad con discapacidad pudieran conservar la pensión mientras no encontraran trabajo. El punto delicado, explicó Olivares Cerda, es qué ocurre cuando estas personas sí logran incorporarse al mercado laboral.
El diputado fue claro en su postura: apoyar no debe significar cerrar la puerta al trabajo. Si una persona con discapacidad entra a un empleo formal, la pensión se suspende, pero existe un acuerdo con el IMSS para que pueda recuperarse si pierde el empleo debido a su propia condición. La visión, dijo, es acompañar sin desincentivar la inclusión laboral.
Más allá de pensiones, el debate apunta a un cambio de enfoque. En lugar de pensar solo en apoyos permanentes, se busca abrir más espacios laborales para personas con discapacidad. En ese sentido, Olivares Cerda respaldó la propuesta de reservar al menos el cinco por ciento de los empleos, sobre todo en instituciones públicas, para este sector de la población.
Lo que se está discutiendo en San Lázaro no es menor: cómo convertir derechos sociales en realidades sostenibles, cómo equilibrar apoyo y autonomía, y cómo usar la Constitución como base para políticas públicas que realmente acompañen a las personas en los momentos más delicados de su vida.
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