La denunciante acudió ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal en contra del exfuncionario federal. La acción se produjo después de que se hicieran públicos videos que, de acuerdo con su testimonio, documentan un episodio de violencia ocurrido durante la relación de pareja.
De acuerdo con las declaraciones públicas de María Felicia Jiménez Lavie, los hechos denunciados no corresponden a un incidente aislado. La mujer sostiene que desde aproximadamente 2022 habría sido víctima de un patrón de violencia física, psicológica y económica, el cual, asegura, fue escalando con el paso del tiempo.
Entre los señalamientos realizados por la denunciante se encuentran presuntas agresiones físicas reiteradas, insultos, empujones y un episodio en el que afirma que su esposo le habría causado una lesión con un bolígrafo. Asimismo, denunció presuntos actos de violencia económica e incomunicación, aspectos que también forman parte de las investigaciones iniciadas por las autoridades competentes.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la apertura de una carpeta de investigación y, mediante el Centro de Justicia para las Mujeres, determinó la implementación de medidas de protección a favor de María Felicia Jiménez Lavie. Dichas acciones contemplan coordinación institucional para garantizar su seguridad, atención jurídica y acompañamiento especializado, conforme a los protocolos previstos para casos de violencia de género.
El caso ha adquirido relevancia pública debido a que el denunciado ocupó recientemente la dirección general de Pemex, una de las empresas productivas más importantes del Estado mexicano. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado sobre una resolución judicial ni sobre la eventual responsabilidad penal del exfuncionario, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia durante el desarrollo de las investigaciones.
Especialistas en derechos humanos han señalado que la difusión de evidencia audiovisual puede fortalecer una investigación ministerial, aunque corresponde exclusivamente al Ministerio Público integrar las pruebas y determinar el ejercicio de la acción penal. En este sentido, tanto la Fiscalía capitalina como la Fiscalía de Morelos deberán recabar testimonios, peritajes y demás elementos probatorios para esclarecer los hechos denunciados.
El caso también vuelve a colocar en el debate público la atención institucional a la violencia familiar y de género, así como la importancia de que las víctimas accedan oportunamente a mecanismos de protección y justicia. Las autoridades han reiterado que las investigaciones continuarán conforme al debido proceso y bajo el marco legal vigente, garantizando tanto los derechos de la denunciante como los del señalado.
