La Jabalinada / Bruno Cortés
En México el pasado siempre tiene comisión; el presente, en cambio, espera turno. Esta semana Morena quiere reabrir la elección de 2006, el árbitro de 2027 sigue sin presidenta y al gobierno se le extraviaron, entre una oficina y otra, más de cinco mil homicidios. Tres escenas, un mismo vicio: mirar por el retrovisor mientras el camión va sin chofer.
Empecemos por la máquina del tiempo. Ariadna Montiel llegó el jueves a San Lázaro a pedir una comisión especial para investigar la elección que ganó Felipe Calderón por poco más de medio punto. El detonante fue Vicente Fox, que el 3 de noviembre presumió haber hecho ganar a su compañero de partido, «aunque no es muy democrático decir eso». Montiel juró que «no buscamos la venganza» y que aquello «no es ninguna cortina de humo». Ricardo Monreal ya avisó que tiene los votos aunque la oposición no acompañe.
Conviene leer la letra chica. Las comisiones especiales no dictaminan ni obligan a nadie: hacen recomendaciones. El Tribunal Electoral validó aquella elección el 5 de septiembre de 2006, y Alejandro Moreno ya la llamó «cosa juzgada». Ni siquiera en casa hay unanimidad: Higinio Martínez, presidente del Senado, se manifestó en contra, según reportes publicados antes de la presentación.
Y aquí viene el dato que desnuda la urgencia. En lo que va de esta Legislatura, la Cámara ha recibido 20 solicitudes de comisiones especiales y solo ha aprobado dos, la de inteligencia artificial y la del T-MEC, según un recuento de El Universal. Al PAN le rechazaron cinco: el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el brote de sarampión, el Plan Michoacán, el Tren Maya y compañía. Para investigar el tren que se salió de la vía no hubo quórum. Para investigar a Fox, veinte años después, sobran manos.
Que nadie lo entienda mal. Lo que dijo Fox es grave, y que un expresidente presuma haber metido la mano merece memoria y vergüenza. Lo que discuto es el método: no investigar para saber, sino escenificar para recordar. La historia no se esclarece en tribuna con micrófono partidista; se esclarece con archivos, con historiadores y con instituciones que no le deban el cargo a nadie.
Instituciones como el INE, por ejemplo. Entre el miércoles y el jueves, la FGR hizo el primer cateo en instalaciones del instituto: agentes de la FEADLE, con participación de la FEMDO, revisaron computadoras y archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en la Torre Zafiro. Esa área la encabezaba hasta hace unas semanas Mario Alfonso Burciaga Esparza, cercano a Guadalupe Taddei, que renunció tras aparecer en un video de una celebración privada con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Se investigan cohecho, peculado y tráfico de influencias. No hay sentencia, hay proceso, y la Fiscalía no ha dicho qué se llevó.
Mientras tanto, el relevo de Taddei está atorado. Monreal reconoce que no hay acuerdo, repite que la nueva presidencia no debe «nacer cuestionada» y ya dejó abierta la puerta para seguir con la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García. El PAN tiene 11 planteamientos sobre la mesa; Movimiento Ciudadano exige quitarle a la presidencia del INE el «superpoder» del artículo 45 de la LGIPE; y Rubén Moreira, del PRI, fue al grano: «no le tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al Gobierno».
La Presidenta, por su parte, se lavó las manos con estilo: «No me toca opinar». Y tiene razón en una cosa: abrir las compras del INE a más proveedores puede abaratar las elecciones. Pero el cuadro completo es de comedia involuntaria. El partido en el poder quiere una comisión de la verdad sobre el árbitro de 2006 y no logra ponerse de acuerdo para nombrar al árbitro de 2027.
Tercera escena: los muertos que no cuadran. El INEGI registró 29,488 defunciones por homicidio en 2025; el Secretariado Ejecutivo contó 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. La diferencia es de 5,140 personas, 21.1% más, según el análisis de Data Cívica. En 2024 la brecha había sido de 1,844, alrededor de 6%.
Sheinbaum lo reconoció en la mañanera, y eso hay que anotarlo: hay una mesa de trabajo con el INEGI, revisión «estado por estado» y la promesa de que los resultados «deben ser totalmente transparentes». La explicación técnica existe: las fiscalías cuentan carpetas, el INEGI cuenta actas de defunción. Si solo se toman las muertes ocurridas en 2025, la brecha baja a 3,741, un 15.4%.
Pero una metodología distinta no explica que la distancia se haya triplicado en un año. Y menos cuando el Secretariado presumió esta misma semana homicidios a la mitad. No es desplome ni es fraude estadístico: es una pregunta que merece respuesta antes de la próxima gráfica triunfal. Porque detrás de cada número hay un nombre, y cinco mil nombres no caben en una nota al pie.
La Jabalinada es esta: un gobierno que quiere la verdad de 2006 tiene que empezar por la de 2025.
P.D. 1. — Salud mental en comisión. La Comisión de Juventud aprobó, con nueve votos, que el Imjuve haga programas de prevención del suicidio y conductas autolesivas. Buena noticia, con asterisco: el texto del dictamen no se publicó, así que no sabemos si trae presupuesto o se queda en buena intención.
P.D. 2. — Memoria selectiva. El Congreso tiene tiempo para Fox y no para el Tren Interoceánico. Así de largo es el retrovisor y así de corto el parabrisas.
