Por Bruno Cortés
Audiolibros, herramientas de lectura en voz alta, sistemas de ampliación de texto y compatibilidad con tecnologías de asistencia. Esos son algunos de los criterios de accesibilidad que senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano (MC) quieren incorporar a los programas de fomento a la lectura, para que las personas con discapacidad tengan acceso pleno a libros y contenidos digitales.
La propuesta forma parte de una iniciativa del Grupo Parlamentario de MC que reforma la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y la Ley General de Bibliotecas. La Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República la dio a conocer en su boletín 0464, del 14 de noviembre de 2026.
Accesibilidad como requisito, no como extra
De acuerdo con el boletín, los legisladores consideraron indispensable que los programas y recursos electrónicos de fomento incorporen criterios de accesibilidad electrónica para las personas con discapacidad.
Esos criterios deberían ser compatibles con tecnologías de asistencia, audiolibros, herramientas de lectura en voz alta y sistemas de ampliación de texto, así como con otras tecnologías que faciliten el acceso a la lectura.
La palabra que usaron los senadores fue indispensable: en su planteamiento, la accesibilidad no aparece como un añadido opcional, sino como una condición de los programas y recursos electrónicos de fomento a la lectura.
Lee también: Harry Potter llega a Spotify: así puedes escuchar toda la saga en audiolibro
Formatos accesibles también en las bibliotecas
La iniciativa también reforma la Ley General de Bibliotecas para establecer que las bibliotecas públicas presten servicios bibliotecarios digitales, conforme a las disposiciones aplicables y a las condiciones de adquisición, licenciamiento y derechos de autor.
Entre esos servicios, según el boletín, estarían las herramientas y formatos accesibles para personas con discapacidad, junto con la consulta remota de catálogos o acervos digitales; el préstamo o acceso temporal a libros electrónicos, audiolibros y otros recursos electrónicos; el acceso a bases de datos, repositorios y recursos educativos y culturales, y la orientación para el uso de tecnologías y materiales de información.
Los senadores destacaron además la necesidad de incorporar criterios de accesibilidad a distancia, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Quiénes la proponen
La iniciativa es de las senadoras Alejandra Barrales Magdaleno y Amalia García Medina, y de los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas, Francisco Daniel Barreda Pavón, Néstor Camarillo Medina y Clemente Castañeda Hoeflich. Se inscribió en la Gaceta Parlamentaria del 11 de noviembre.
Lee también: Familias con síndrome de Rett piden en el Senado protocolos y respeto a sus derechos
Más allá del acceso a internet
El punto de partida del proyecto es que el reto ya no consiste solamente en que las bibliotecas tengan acervos digitales o cuenten con conexión a internet. Para los legisladores de MC, el desafío está en adaptar el modelo bibliotecario a las nuevas formas de producción, circulación, acceso y lectura del conocimiento, de manera que las tecnologías sirvan como instrumentos para ampliar el acceso de la población a libros, información y cultura.
En esa lógica, la iniciativa plantea desarrollar competencias de lectura electrónica y accesibilidad, y generar información sobre esta actividad en diferentes formatos. También propone formar competencias para leer los nuevos formatos, la comprensión crítica y el uso responsable de la información disponible en medios electrónicos.
Con respeto a los derechos de autor
El boletín precisa que la incorporación, consulta, reproducción, descarga, préstamo o puesta a disposición de obras tendría que realizarse conforme a las disposiciones en materia de derechos de autor y, en su caso, con las condiciones de las licencias correspondientes. Además, los senadores plantearon capacitar al personal bibliotecario en tecnologías, recursos digitales, preservación y derechos de autor.
Lo que no dice el boletín
El documento no detalla cuántas personas con discapacidad se beneficiarían, qué presupuesto requeriría la adaptación de plataformas y acervos ni en qué plazos tendría que hacerse. Tampoco menciona si se consultó a organizaciones de personas con discapacidad durante la elaboración de la propuesta.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Cultura, de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos Segunda, donde se analizará.
Lee también: Brecha digital en escuelas: solo 35% tiene computadoras e internet
