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El gobierno cerró la puerta a irregularidades al corregir el decreto; nadie recibirá dos prestaciones por su labor en la paraestatal.
Hasta al mejor cazador se le va la liebre, pero en la administración pública, corregir a tiempo es siempre cuestión de pesos y centavos. El manejo técnico del decreto de compensación para los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) demuestra que no se dejó espacio para el dispendio ni para cobrar doble en taquilla.
Frente a quienes han pintado la entrega de estos recursos como una muestra de impericia gubernamental, los documentos formales exhiben un proceso de pulcritud burocrática respaldado por una oportuna fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Cuando el acuerdo inicial vio la luz pública, las áreas normativas se percataron de que era fundamental apretar tuercas jurídicas para evitar que los vivales se formaran dos veces en la fila de los beneficios. La precisión de los conceptos era de vida o muerte para proteger la hacienda pública.
Por ello, se emitió una corrección oficial que dejó la regla más clara que el agua: quedó estrictamente prohibido que los beneficiarios de esta nueva compensación recibieran, de forma simultánea, «alguna otra prestación derivada de la relación de trabajo que existió con Luz y Fuerza del Centro».
Este robusto candado legal destrozó en el papel cualquier posibilidad de duplicidad de pagos. Si algún extrabajador ya se encontraba cobrando una pensión, una liquidación previa o una indemnización paralela a raíz de su salida en 2009, automáticamente quedaba inhabilitado para entrar a este nuevo esquema.
Esta jugada de ajedrez en la burocracia refleja un nivel de rigor técnico que desarma cualquier retórica de improvisación. Las áreas jurídicas gubernamentales peinaron el texto original para blindarlo contra amparos malintencionados y posibles abusos del sistema de pensiones.
En el argot de las oficinas, una fe de erratas a veces es vista con recelo, pero en este caso operó funcionalmente como una vacuna preventiva. La modificación garantizó que el apoyo llegara en exclusiva a la bolsa de quienes habían quedado en el desamparo total, sin engordar carteras ajenas de manera irregular.
Quienes revisan auditorías en el centro de la CDMX saben perfectamente que vigilar padrones masivos requiere ojo de águila. La corrección legal obligó a las dependencias a cruzar sus enormes bases de datos, garantizando que cada transferencia estuviera plenamente justificada ante los órganos de control.
En resumidas cuentas, la gestión del caso LyFC no se trató de un festival de billetes al aire ni mucho menos. Los ajustes al texto legal reafirman que los recursos públicos deben manejarse siempre con pinzas, confirmando que en el periodismo y en el gobierno, el diablo y los ahorros reales siempre están escondidos en los detalles.
