Ciudad de México, 28 de julio de 2026. El Congreso de la Ciudad de México puso sobre la mesa un paquete de nueve Puntos de Acuerdo orientados a fortalecer la inclusión, la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad, autistas y neurodivergentes. Las propuestas, que fueron turnadas a comisiones para su análisis, buscan incidir en áreas como educación, empleo, salud, movilidad y combate a la discriminación, aunque aún deberán superar el proceso legislativo antes de traducirse en acciones obligatorias.
Las iniciativas fueron presentadas por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, en representación de integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 22 de julio. De acuerdo con el Congreso capitalino, las propuestas derivan de las conclusiones del Parlamento de las Personas con Discapacidad 2025, un ejercicio de participación ciudadana que reunió planteamientos de organizaciones y personas pertenecientes a este sector.
Entre las medidas planteadas destaca el exhorto a dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, organismos autónomos y las 16 alcaldías para crear grupos interdisciplinarios de atención, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD), con el propósito de fortalecer la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad.
Otro de los puntos solicita a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) desarrollar programas de capacitación e inserción laboral, además de promover ferias de empleo inclusivas en las alcaldías. La propuesta busca reducir las barreras que persisten para el acceso al mercado laboral de este grupo de atención prioritaria.
En materia de salud, los legisladores exhortaron a la Secretaría de Salud, al Sistema DIF Ciudad de México y a INDISCAPACIDAD a elaborar un Protocolo Integral de Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad, acompañado de programas permanentes de capacitación para personal médico y administrativo, así como herramientas de información accesible para eliminar estigmas y garantizar una atención con enfoque de derechos.
El paquete legislativo también contempla solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la incorporación de un modelo de educación inclusiva bilingüe para personas sordas, basado en la Lengua de Señas Mexicana y el español escrito. Asimismo, propone la creación de un Programa de Auxiliares Auditivos dirigido a niñas, niños y adolescentes con hipoacusia inscritos en escuelas públicas de educación básica de la capital.
Las propuestas incluyen además mecanismos de inclusión educativa para personas con discapacidad psicosocial, autistas y neurodivergentes, campañas de sensibilización sobre accesibilidad y trato digno en el transporte público coordinadas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, RTP, el Servicio de Transportes Eléctricos y las alcaldías, así como acciones para reforzar la inspección laboral y prevenir actos de discriminación contra trabajadores que viven con discapacidades visibles o no visibles.
Aunque el paquete representa un esfuerzo legislativo para ampliar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, las iniciativas aún se encuentran en una fase preliminar. Tras ser turnadas a diversas comisiones, deberán ser analizadas, dictaminadas y, en su caso, aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Su impacto dependerá posteriormente de la disposición y capacidad de las autoridades exhortadas para implementar las medidas propuestas, ya que los Puntos de Acuerdo tienen carácter de exhorto y no generan obligaciones jurídicas directas.
De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, el objetivo central de estas iniciativas es avanzar hacia una ciudad más incluyente, garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales y reducir las barreras que enfrentan diariamente las personas con discapacidad en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y la movilidad.
