Ciudad de México.- La regulación de scooters y bicicletas eléctricas en la capital del país entró en una nueva etapa con el avance del registro obligatorio de vehículos eléctricos personales y el cierre del programa piloto de renta implementado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque las autoridades reportan cerca de 2 mil unidades registradas desde el inicio del trámite, especialistas advierten que aún permanecen pendientes aspectos clave para garantizar una convivencia segura entre peatones, ciclistas, automovilistas y empresas de micromovilidad.
Desde el 1 de julio de 2026, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) puso en marcha el registro obligatorio para determinados vehículos eléctricos personales, trámite que permanecerá disponible hasta el 20 de noviembre. Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad de México autorizó un programa piloto para evaluar el funcionamiento de scooters compartidos operados por las empresas Woosh, Jet y Lime en zonas de alta demanda, como Polanco, Buenavista, Tlatelolco, el Centro Histórico y los alrededores del Estadio Banorte. La prueba concluirá el próximo 8 de agosto y será evaluada para determinar si el esquema se mantiene o se amplía.
La regulación establece dos categorías de vehículos. La primera corresponde a los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), diseñados para desplazarse a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y con un peso de hasta 35 kilogramos. Estas unidades únicamente deben portar un Distintivo de Movilidad Eléctrica integrado por dos calcomanías oficiales que permiten su identificación.
En contraste, los Vehículos Eléctricos Motorizados Especializados para Personas (VEMEPE), que pueden superar los 25 kilómetros por hora, fueron clasificados en los tipos A y B y deberán cumplir requisitos similares a los de otros vehículos motorizados. Para circular necesitarán placas, tarjeta de circulación, distintivo oficial y licencia de conducir correspondiente, además de respetar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.
Las nuevas reglas también endurecen las obligaciones para los conductores de VEMEPE. Será obligatorio utilizar casco de protección y estará prohibido circular sobre banquetas, ciclovías, carriles confinados para transporte público y carriles centrales de vías de acceso controlado. En contraste, únicamente los vehículos limitados a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora podrán utilizar la infraestructura ciclista autorizada.
Los costos del proceso representan otro elemento de la regulación. Las placas tienen un costo de 709 pesos; la licencia tipo A1 asciende a 572 pesos y la licencia A2 a mil 142 pesos. Además, quienes incumplan con el uso obligatorio del casco o invadan ciclovías y carriles exclusivos podrán recibir multas que oscilan aproximadamente entre mil 175 y dos mil 350 pesos, de acuerdo con la normatividad vigente.
Para completar el trámite, los propietarios deben ingresar a la Ventanilla Única de Trámites de la SEMOVI, presentar identificación oficial, comprobante de propiedad del vehículo, archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y un comprobante de domicilio reciente. Tras la validación documental, deberán efectuar el pago correspondiente, agendar una cita y acudir con los documentos originales para concluir el procedimiento.
No obstante, uno de los principales retos regulatorios permanece sin resolverse. La administración capitalina aún debe definir las reglas específicas para la operación de los scooters de renta, incluyendo los espacios autorizados para estacionamiento, las zonas de circulación permitidas y los mecanismos que impedirán que las unidades obstruyan banquetas, accesos peatonales o entradas de inmuebles. También está pendiente la emisión de la convocatoria mediante la cual las empresas podrán solicitar las autorizaciones definitivas para operar.
La regulación busca ordenar el crecimiento de la micromovilidad eléctrica en la Ciudad de México y reducir conflictos entre usuarios del espacio público. Sin embargo, el éxito del nuevo modelo dependerá no solo del cumplimiento de los registros y requisitos administrativos, sino también de la capacidad de las autoridades para supervisar su aplicación, fiscalizar a las empresas operadoras y establecer reglas claras que garanticen seguridad vial, accesibilidad y un uso responsable del espacio urbano.
Fuentes: Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México.
