La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de los apoyos en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, donde defendió el programa como una política de redistribución del ingreso y de protección social para una población que enfrenta mayores dificultades para incorporarse o permanecer en el mercado laboral.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el ICU contempla un apoyo bimestral de 2 mil pesos para personas de 57 a 59 años. Con la nueva incorporación, el padrón suma 107 mil beneficiarios, mientras que la administración capitalina mantiene como objetivo alcanzar 150 mil personas inscritas durante este año.
Brugada sostuvo que el programa busca reconocer la contribución económica y social de quienes han trabajado, cuidado familias, prestado servicios y participado en distintas actividades productivas de la capital. Bajo esa perspectiva, afirmó que la transferencia no debe considerarse como una dádiva, sino como un mecanismo de redistribución de la riqueza generada por la propia población.
La mandataria señaló que los recursos pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario, desde la compra de alimentos y el pago de transporte hasta gastos urgentes o complementarios del hogar. El argumento central de la administración es que contar con un ingreso adicional puede ofrecer mayor estabilidad durante una etapa previa al acceso a otros programas dirigidos a personas adultas mayores.
El esquema también busca cubrir un periodo específico dentro de la política social de la capital. Al cumplir 60 años, las mujeres pueden incorporarse al programa federal Mujeres Bienestar, mientras que los hombres cuentan con un apoyo implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para ese rango de edad. De esta manera, el ICU pretende funcionar como un mecanismo de transición entre distintas etapas de protección social.
Durante el evento, Brugada afirmó que la Ciudad de México es la única entidad del país que cuenta con un programa de estas características dirigido específicamente a personas de 57 a 59 años. La afirmación coloca al ICU como uno de los principales componentes de la política social local, aunque su alcance deberá medirse no sólo por el número de beneficiarios, sino también por su capacidad para reducir vulnerabilidades económicas de manera sostenida.
Pablo Yanes Rizo, secretario de Bienestar e Inclusión Social (SEBIEN), destacó que el programa forma parte de una nueva generación de derechos sociales impulsados en la capital. Señaló que, con la ampliación anunciada, aproximadamente una de cada tres personas de entre 57 y 59 años que reside en la Ciudad de México recibe ya este apoyo bimestral.
La administración capitalina ha planteado que el ICU se articula con otros programas destinados a diferentes etapas de la vida, como Mi Beca para Empezar, las Becas Benito Juárez y diversos apoyos para estudiantes universitarios y personas adultas mayores. El objetivo declarado es construir una red de protección que reduzca los periodos en los que las personas quedan fuera de algún esquema de respaldo público.
Brugada también vinculó la expansión de los programas sociales con el manejo de los recursos públicos y sostuvo que los impuestos de la ciudadanía permiten financiar obras, acciones y transferencias directas. No obstante, el crecimiento del padrón implica igualmente la necesidad de mantener mecanismos claros de transparencia, evaluación y rendición de cuentas para conocer el impacto real de los recursos destinados al programa.
La meta planteada para 2026 es llegar a 150 mil beneficiarias y beneficiarios, lo que significaría incorporar a 43 mil personas adicionales respecto al padrón reportado tras esta entrega. El reto para el Gobierno capitalino será garantizar que la ampliación de cobertura esté acompañada de reglas claras de operación, seguimiento presupuestal y mediciones que permitan determinar si el apoyo mejora efectivamente las condiciones de vida de la población objetivo.
La jefa de Gobierno sostuvo finalmente que la aspiración de largo plazo es avanzar hacia un ingreso ciudadano universal durante todas las etapas de la vida. Más allá del discurso político, esa propuesta abre un debate sobre la sostenibilidad financiera de una política de transferencias permanentes y sobre los mecanismos necesarios para garantizar que los programas sociales mantengan su cobertura y eficacia sin comprometer otros servicios públicos.
