Por Bruno Cortés
Un motociclista que circula por una banqueta puede enfrentar consecuencias distintas según la ciudad o el estado en el que lo haga. Esa disparidad es, para las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México, uno de los principales obstáculos para mejorar la seguridad vial en el país.
Así lo plantearon en la exposición de una iniciativa para reformar los artículos 36 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, difundida este viernes 23 de octubre en el boletín 706-2026 de su grupo parlamentario en la Cámara de Senadores.
El diagnóstico: «dispersión reglamentaria»
Los legisladores ecologistas se dijeron seguros de que «la falta de una delimitación clara en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sobre cuáles son las vías aptas para estos vehículos y la ausencia de sanciones homologadas a nivel nacional permiten una dispersión reglamentaria que debilita la seguridad vial».
La frase resume el argumento central de la propuesta. Si cada autoridad local define por su cuenta dónde pueden circular las motocicletas y qué sanción corresponde a cada falta, el resultado es un mosaico de reglas que dificulta tanto el cumplimiento como la aplicación de la ley.
Reglamentos que se endurecen sin resultados
Los senadores recordaron que el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos gobiernos estatales han tenido que modificar constantemente sus reglamentos de tránsito para endurecer los requisitos de licencias y regular el cilindraje permitido en vías rápidas. «Sin embargo, los motociclistas siguen sin cumplir con el reglamento de tránsito», según el boletín.
En la capital, por ejemplo, este diario ha dado seguimiento a las nuevas licencias para motos y scooters eléctricos en la CDMX y al llamado del Congreso capitalino a capacitar a más motociclistas, dos piezas de un debate local que la iniciativa del Verde busca enmarcar en reglas generales.
Qué propone la iniciativa
Para cerrar ese vacío, el PVEM propone adicionar diversas disposiciones a los artículos 36 y 49 de la ley general con tres objetivos:
Primero, establecer de manera explícita la prohibición de circulación de motocicletas en espacios peatonales y ciclistas, como banquetas, cruces peatonales y ciclovías.
Segundo, facultar a los municipios y estados para restringir el acceso de las motos a vías primarias o de acceso controlado cuando su cilindraje ponga en riesgo su propia estabilidad.
Tercero, robustecer las medidas de pacificación del tránsito.
El boletín del grupo parlamentario no detalla montos ni tipos de sanciones, por lo que el diseño concreto de la homologación tendrá que conocerse durante el análisis de la iniciativa.
Las conductas que preocupan
De acuerdo con los senadores, a menudo las motocicletas invaden espacios exclusivos para peatones, como banquetas y cruces peatonales, así como ciclovías, además de realizar maniobras de alto riesgo como el avance entre carriles y la circulación en vías de alta velocidad no autorizadas.
También citaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para afirmar que los accidentes en los que se ven involucradas motocicletas ocupan los primeros lugares en índice de letalidad y lesiones graves en zonas urbanas.
Un parque vehicular en expansión
El trasfondo es el crecimiento de la motocicleta como medio de transporte y de trabajo. Los legisladores explicaron que en la última década el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido de manera exponencial, por su accesibilidad económica y su eficiencia en el reparto de mercancías y servicios, sin que ese incremento se acompañe de una infraestructura vial adecuada ni de una cultura de respeto a los espacios de tránsito.
Homologar para proteger
El Verde insistió en que su propuesta no busca restringir el derecho a la movilidad, sino armonizarlo bajo el principio de diseño del «Sistema Seguro».
«En la medida que se homologuen y fortalezcan las legislaciones locales abonamos al fomento y respeto de la cultura vial, así como la reducción de los índices de siniestralidad y pérdida de vidas humanas», finalizaron.
La iniciativa deberá turnarse a comisiones para su dictamen y, de aprobarse en el Senado, pasar a la Cámara de Diputados. Mientras eso ocurre, cada entidad y municipio mantiene sus propios reglamentos y sanciones, justo la situación que el grupo parlamentario busca corregir.
