Por JP Ojeda
Detrás del anuncio de Guadalupe Taddei Zavala, quien presentará este lunes 26 de octubre su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), hay una red de nombres, empresas y contratos documentada durante la última semana por distintos medios. Ninguna autoridad ha determinado responsabilidad alguna; lo que sigue es un recuento de lo publicado y de lo que las instancias investigan.
Cajas Graf y Corporativo ZEG
De acuerdo con Reforma, Corporativo ZEG y Cajas Graf dominan el mercado de materiales electorales y tienen a los mismos dueños, los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández. Según ese diario, ambas firmas obtuvieron contratos con organismos encabezados por Taddei desde 2021, cuando presidía el instituto electoral de Sonora, y se inscribieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que ella asumió la presidencia del organismo nacional.
Reforma reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a ZEG y congeló cuentas de ambas empresas, y que la Comisión Federal de Competencia Económica les abrió en mayo de 2024 un expediente por presuntas prácticas monopólicas. El País señaló que el empresario José Alfredo Hernández Casillas está relacionado con un conglomerado de al menos siete empresas proveedoras de material electoral para el INE y organismos locales, sujetas a investigación de la UIF.
El chofer apoderado
El 19 de octubre, Reforma publicó que Jonathan Navarrete Torres, adscrito como chofer de la consejera presidenta desde el 15 de abril de 2025, posee desde el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, según el Registro Público de Comercio. De acuerdo con esa publicación, en su declaración patrimonial de junio de 2026 reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y únicamente mencionó como empleo previo el de chofer en Mercedes-Benz, sin referir su vínculo con la empresa.
El director de Administración
Reforma y Excélsior informaron que Jesús Octavio García, quien en 2023 fue representante legal de ambas proveedoras, se desempeñó bajo la gestión de Taddei como encargado de la Dirección de Administración del INE. Excélsior añadió que en la oficina de la presidencia trabajaron personas que antes laboraron en esas compañías y que Taddei pidió al Órgano Interno de Control investigar a esos exempleados.
El video de París
El episodio que, según El País, llevó «cuesta arriba» la controversia fue un video difundido por Latinus la noche del viernes 23 de octubre. En él aparecería presuntamente Jorge Piñeda Taddei, hijo de la consejera, en una habitación de lujo en París junto a Hernández Casillas. El País agregó que después circuló en X un audio que sugeriría una relación personal entre el empresario y Taddei, cuyo contenido debe verificarse.
Excélsior, por su parte, refirió una llamada difundida en redes en la que el empresario presuntamente da instrucciones sobre cuándo comunicar a la empresa Veridos que no se le refrendaría el contrato de la nueva credencial para votar. Ninguno de estos materiales ha sido validado por autoridad alguna.
Otro frente: la asesora
El Universal reportó que Itzel Sandino Piña Soria, hija de Lourdes Piña Soria del Valle, quien se presenta como asesora de Taddei, es administradora única de Promotora de Noticias Exactas, que este año aparece como proveedora del INE. Según ese diario, la empresa tuvo como representante en contratos previos a Gilberto Solís Mendívil, y la agencia Veritas Vox mostraba como imagen a Sandino y a Sergio Uzeta Murcio, actual coordinador nacional de Comunicación Social del instituto.
La respuesta de Taddei
En el comunicado 460 del INE, Taddei calificó los señalamientos como «trascendidos, montajes, filtraciones y versiones» cuya autenticidad debe verificarse, sostuvo que «no corresponde anticipar conclusiones» y afirmó que su renuncia busca «proteger al Instituto». Añadió que su decisión «no releva a nadie del deber de esclarecer» los hechos.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre contrataciones del INE, según El País, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no exista «ninguna sombra de corrupción» en el organismo. Las empresas y personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.
