Por Bruno Cortés
Cuando una niña de entre 10 y 14 años llega embarazada a un hospital, a una escuela o a una institución de asistencia social, la respuesta del Estado no debería depender de que ella o su familia presenten una denuncia. Esa es la idea central de la iniciativa de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, que propone incorporar en la ley el concepto de “embarazo infantil forzado”, según el boletín 0335 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este domingo 25 de octubre.
La obligación de notificar
La senadora propuso que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social tengan la obligación de notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando tengan conocimiento de un caso. El objetivo es activar automáticamente la investigación.
Con ello, el peso de iniciar las acciones dejaría de recaer en la niña o en su entorno familiar. La iniciativa precisa que la responsabilidad de iniciar las acciones correspondientes no debe recaer en ellas ni en sus familias. Así, la protección no quedaría condicionada a que la niña o sus familiares decidan acudir ante las autoridades.
El fundamento: una presunción legal
Para que esa obligación tenga sustento, la iniciativa plantea definir el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual. La propuesta adiciona la fracción X Bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“La definición del embarazo infantil forzado”, acotó la legisladora, “es indispensable, porque, sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”.
Según Barrales, hoy no existe en México un marco jurídico ni garantías específicas que protejan a una niña de esa edad cuando se embaraza, una omisión que tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.
Una respuesta institucional integral
La notificación sería solo el primer paso. La iniciativa también plantea garantizar a las niñas atención integral especializada, con servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito para acceder a la justicia, continuidad educativa y protección contra la revictimización.
Además, mediante un artículo transitorio, establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado, a fin de que el Estado pueda sancionarlo.
Las cifras y los casos
La legisladora sustentó la propuesta en datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): durante 2025, siete mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, un promedio de 22 nacimientos diarios.
Advirtió que estos embarazos de ninguna manera pueden entenderse como algo normal ni como una decisión propia o consentida, porque por su edad y desarrollo las niñas están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual, por lo que requieren una respuesta inmediata de las instituciones.
Entre los casos recientes, mencionó el de una niña de 10 años que llegó a un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con un parto prematuro y complicaciones muy graves, y el de una niña de 11 años con cinco meses de embarazo, producto de violencia sexual, atendida en Matamoros, Tamaulipas. También refirió uniones de niñas de 10 y 12 años con hombres décadas mayores en Texcoco y El Oro, Estado de México: “de ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”, advirtió.
Parte de una agenda más amplia
La protección de la niñez frente a la violencia y las uniones forzadas ha estado presente en varios espacios legislativos, como la propuesta para blindar en la Constitución la prohibición de matrimonios infantiles, la iniciativa contra el matrimonio infantil por usos y costumbres y el pacto nacional contra la violencia infantil impulsado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa de Barrales fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. Por ahora es una propuesta; para entrar en vigor tendría que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.
