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Ni los guionistas de Narcos se atrevieron a tanto. En un giro más digno de serie de televisión que de diplomacia seria, un supuesto comunicado del gobierno de Estados Unidos circuló en redes acusando a seis políticos mexicanos de tener vínculos con el crimen organizado. El documento, con logotipo oficial y todo, señalaba nombres como Ricardo Monreal, Samuel García y Marina del Pilar, como si de repente todos estuvieran en la nómina de «Los Rusos», un cártel en Baja California. Pero resultó ser más falso que billete de trescientos pesos.
La Embajada de México en Estados Unidos actuó con rapidez quirúrgica. El 3 de junio, a través de un post en la red social X, calificó el comunicado como “totalmente falso” y colocó sobre el documento una marca roja con la palabra “FALSO”, digna de meme, pero cargada de seriedad diplomática. En tiempos donde los rumores pueden costar más que las verdades, la embajada pidió no caer en el juego sucio de la desinformación y revisar únicamente fuentes oficiales.
Ricardo Monreal, como siempre elegante en el caos, respondió sin perder la compostura. Desde el Congreso, aseguró que su visa está en regla, que no enfrenta investigación alguna y que lo suyo no es el narco, sino las reformas constitucionales. En sus palabras: “El que nada debe, nada teme”, una frase tan utilizada como necesaria cuando la cloaca de las campañas sucias vuelve a destaparse.
No es la primera vez que Monreal aparece en rumores de este calibre. Desde 1997 ha sido blanco de acusaciones sin sustento, y parece que mientras más crece su peso político, más se reproducen los montajes. Lo paradójico es que esta vez ni el Departamento de Estado gringo se prestó al show: desmintieron cualquier vínculo oficial con esa «lista negra» que alguien, con mucho Photoshop y poco sentido común, decidió viralizar.
La cosa no termina con Monreal. También aparecen en la lista Rubén Rocha Moya, Layda Sansores, Américo Villarreal y la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Curiosamente, esta última sí enfrenta una situación de visa revocada, lo cual parece haber sido el anzuelo perfecto para colar a los demás en una narrativa criminal ficticia. Es el clásico “si cae uno, caen todos”, versión cibernética.
Este tipo de maniobras —que combinan creatividad criminal con ignorancia jurídica— son cada vez más comunes en la arena política mexicana. Las redes sociales se han convertido en tribunales paralelos donde cualquiera puede ser juez, parte, y community manager de su propio escándalo. Pero cuando las mentiras cruzan fronteras, como en este caso, lo que está en juego no es solo la reputación de los políticos, sino la relación bilateral con Washington.
En lo político, el momento no es menor. Monreal y otros implicados están en plena antesala de decisiones legislativas clave, y este golpe mediático parece venir con dedicatoria. No es la DEA la que investiga, sino la guerra sucia electoral la que escribe guiones. La desinformación no duerme, pero al menos esta vez la embajada no la dejó pasar.
Lo preocupante es la facilidad con la que un documento falso puede incendiar el debate público. Más allá de partidos y filias, lo que este episodio demuestra es la urgencia de fortalecer la cultura digital crítica. Porque en la política mexicana, como en los viejos westerns, cada quien debe aprender a distinguir entre el sheriff y el impostor con estrella de hojalata.
