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Yucatán a 12 de julio, 2025.- La detención de Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, Yucatán, ha provocado una fuerte reacción del partido tricolor, que acusa a Morena y al gobierno federal de usar la justicia con fines políticos.
El arresto ocurrió tras una denuncia por presunto fraude de 12 millones de pesos, interpuesta por el empresario Horacio de Freitas Da Silva, quien asegura que Echazarreta lo convenció de invertir en una empresa fantasma prometiéndole el 40% de las acciones, sin que hubiera rendimientos o respaldo legal.
El PRI cierra filas y acusa persecución
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el PRI calificó la detención como una represalia por denunciar la inseguridad en Yucatán, y arremetió contra Morena, señalándolo de querer “silenciar a la oposición”.
“Yucatán era muy seguro hasta la llegada de los cínicos y sinvergüenzas de Morena, que como ha sido denunciado internacionalmente, son el brazo operador del crimen organizado”, acusó el partido.
También señaló que este tipo de acciones se han repetido en estados como Campeche y Puebla, donde, afirman, también se criminaliza a opositores y se censura a los medios que denuncian vínculos entre el crimen organizado y el poder.
“Morena es un narcopartido y ya no hallan cómo ocultarlo. No nos van a doblar ni intimidar”, concluyó el PRI en su posicionamiento.
¿Quién es Rafael Echazarreta?
Rafael Echazarreta Torres es una figura política que ha transitado entre partidos. Fue diputado local por Morena, pero posteriormente se integró al PRI, donde asumió la dirigencia municipal de Mérida.
Según medios locales como Progreso Hoy, el empresario denunciante habría entregado recursos económicos de forma escalonada a Echazarreta, confiando en su imagen pública. El proyecto en cuestión fue Exportaciones Integrales Mexicanas, que no arrojó ningún rendimiento y tampoco formalizó la participación prometida.
Una disputa con tintes políticos
El caso combina ingredientes de fraude financiero, traición política y enfrentamiento partidista, justo en un momento donde el clima electoral rumbo a 2027 comienza a calentar motores. Morena no ha emitido una postura oficial, aunque se espera que el caso escale tanto en lo jurídico como en lo mediático.
Por su parte, el PRI insiste en que esta acción es un intento más de criminalizar la disidencia, y advierte que seguirán denunciando lo que consideran una “ola autoritaria disfrazada de justicia”.
