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La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes a la administración de Donald Trump para continuar con su plan de reducir el tamaño del Departamento de Educación, una medida que ha sido duramente criticada por fiscales generales, sindicatos y defensores del sistema educativo público. La decisión, emitida en un fallo breve y sin firma, suspende la orden de un juez federal que había bloqueado los despidos masivos en dicha agencia y reincorporado a más de 1,300 trabajadores.
Esta victoria judicial permite a Trump reactivar su intento de transferir funciones clave del Departamento a otras agencias federales, como parte de su visión de un gobierno federal menos involucrado en la educación y con más poder para los estados.
¿Qué significa esta decisión?
Aunque el caso sigue su curso en tribunales inferiores, la decisión de la Corte Suprema representa un fuerte golpe a quienes buscan frenar la ofensiva contra el Departamento de Educación, creado por el Congreso en 1979.
El plan de Trump ha generado alarma entre distritos escolares, defensores de derechos civiles y sindicatos, que advierten que la eliminación de funciones y personal afectará directamente servicios esenciales como:
- La administración de préstamos estudiantiles.
- El monitoreo del desempeño académico.
- La aplicación de leyes de derechos civiles en escuelas.
- La atención a estudiantes con discapacidades.
Según Democracy Forward, el grupo legal que representa a varios demandantes, la medida “asesta un golpe devastador a la promesa de educación pública equitativa para todos los niños en Estados Unidos”.
¿Qué hay detrás del desmantelamiento?
Trump y otros líderes republicanos han criticado por años al Departamento de Educación, calificándolo como símbolo del exceso burocrático en Washington. Su enfoque ha sido reducir el gasto federal y trasladar más poder a los gobiernos estatales y locales, que ya aportan más del 85% del presupuesto de las escuelas públicas en el país.
Sin embargo, para muchos críticos, la medida va más allá de una simple reforma administrativa. Advierten que la eliminación del Departamento podría erosionar garantías fundamentales para millones de estudiantes, en particular aquellos de comunidades vulnerables.
Tres jueces progresistas votaron en contra
La decisión de la Corte no fue unánime. Los tres jueces de tendencia progresista –Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson– discreparon con el fallo, lo que refleja la división ideológica sobre el papel del gobierno federal en la educación.
¿Qué sigue?
Aunque el fallo de la Corte permite reanudar el proceso de desmantelamiento, el recurso legal continúa en tribunales inferiores. Mientras tanto, sindicatos de maestros, distritos escolares y estados liderados por demócratas seguirán peleando legalmente para evitar que el plan de Trump llegue a concretarse completamente.
El debate sobre quién debe tener el control de la educación en Estados Unidos –Washington o los estados– se intensifica justo en un año electoral, donde Trump busca regresar a la Casa Blanca con promesas de recorte federal y “más libertad” para los estados.
