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El aspirante a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Armando Hernández Cruz, enfrenta antecedentes por una acusación de presunto tráfico de influencias registrada en 2016.
Con funciones como coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde noviembre de 2024 y labores académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hernández Cruz se inscribió como aspirante al TEPJF.
Ana Juana Ángeles Valencia, diputada de Morena en la Asamblea Legislativa capitalina, acusó en 2016 a Armando Hernández de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos durante su gestión como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
La cercanía familiar con Omar Hernández Cruz, quien era asesor “A” del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), y su autoridad como funcionario, fueron utilizados por Armando Hernández, de acuerdo con lo dicho por la legisladora.
El caso relacionado con la elección del 7 de junio de 2015 fue representado legalmente por Omar Hernández, aunque su rol como asesor en el IEDF le impedía litigar, explicó Ángeles Valencia.
La denuncia de acoso sexual contra Omar Hernández, registrada el 9 de mayo de 2016 por la ex candidata humanista Eunice Sierra Ocampo, fue el punto de partida de la denuncia contra Armando Hernández, según indicó la legisladora.
Sin saber que Omar Hernández tenía un impedimento legal para litigar debido a su puesto en el IEDF, Sierra Ocampo aceptó la sugerencia de Armando Hernández, su ex asesor de tesis en la maestría, de contratarlo como abogado para una impugnación electoral.
La legisladora solicitó que se verificara si Armando Hernández tenía relación con el bufete de su hermano y si se presentaron más impugnaciones bajo esa modalidad, además de cuestionar por qué recomendó a su hermano a sabiendas de que no podía litigar.
Apoyándose en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, la legisladora subrayó que había suficientes elementos para establecer que se trataba de tráfico de influencias.
En 2017, INCIDE Social manifestó preocupación sobre la actitud de Armando Hernández Cruz, quien, según la organización, se mostró reticente a hacer públicas su trayectoria curricular y sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, durante la selección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con la organización, en junio de 2016, Armando Hernández Cruz llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, en su calidad de presidente del Tribunal Electoral capitalino, para impugnar la obligación de difundir sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
