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Un operativo administrativo en predios cuautitlenses desató un violento conflicto intermunicipal cuando el presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, irrumpió con su cabildo para intentar ejercer autoridad en una zona que no le corresponde territorialmente.
Según reportes oficiales del Gobierno de Cuautitlán, la situación escaló a agresiones físicas, amenazas, detenciones arbitrarias y hasta disparos de arma de fuego, presuntamente ordenados por el propio alcalde Zenteno. Como resultado, al menos dos policías municipales de Cuautitlán resultaron con fracturas, mientras que otros servidores públicos fueron agredidos verbal y físicamente por personal de Teoloyucan.
La confrontación comenzó tras una clausura administrativa a un CEDIS, ubicada en territorio legalmente perteneciente a Cuautitlán. Al conocer del operativo, Zenteno se presentó en el lugar acompañado por funcionarios de su administración, exigiendo ejercer funciones fuera de su jurisdicción.
En un acto calificado como “fuera de toda competencia legal”, ordenó la detención del subdirector de Seguridad Pública de Cuautitlán, además de lanzar amenazas directas contra quienes cumplían con funciones oficiales. En medio del caos, la alcaldesa Juanita Carrillo también estuvo en riesgo, ante los disparos efectuados por personal del Ayuntamiento vecino.
Un patrón de abuso reiterado
Lo ocurrido no es un hecho aislado, advierten autoridades de Cuautitlán. Denuncian que Luis Domingo Zenteno mantiene un historial de acciones autoritarias y peligrosas que han afectado tanto a su municipio como a otros vecinos. La actuación del edil “demuestra una falta absoluta de tacto político e institucional”, señalaron.
El Gobierno de Cuautitlán exigió una investigación inmediata y sanciones penales contra los responsables, incluyendo al presidente municipal de Teoloyucan, por abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza pública y posible tentativa de homicidio.
Hasta el momento, Zenteno no ha emitido declaración oficial, mientras que diversos actores políticos del Estado de México han comenzado a solicitar la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
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