Por Bruno Cortés
Vender agua robada podría costar hasta 10 años de cárcel. La senadora Susana Zatarain García, del PAN, propuso reformar el Código Penal Federal para castigar no solo a quien extrae agua sin permiso, sino también a quien la transporta, la almacena y la comercializa sabiendo que fue obtenida de manera ilegal, con penas que dependerían de la cantidad: menos o más de 50 mil litros.
La iniciativa contra el llamado “huachicol de agua” fue difundida este lunes 16 de noviembre de 2026 en el boletín 0470 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado.
La frontera de los 50 mil litros
De acuerdo con el boletín, la propuesta establece que a quien dolosamente traslade, distribuya, almacene o comercialice aguas con fines de lucro, a sabiendas de que fueron extraídas u obtenidas de manera ilegal, se le impondrían sanciones diferenciadas.
Cuando la cantidad sea menor a 50 mil litros, la pena sería de tres a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Cuando la cantidad sea igual o superior a 50 mil litros, la pena subiría a de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 UMA.
El boletín no explica cómo se acreditaría el volumen en cada caso ni si el cálculo se haría por operación o por acumulación de entregas.
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Toda la cadena, en la mira
La iniciativa no se limita a la venta. Plantea de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 UMA a quien, sin concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible, extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, así como agua de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica pública o privada.
Esa misma sanción aplicaría a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición para extraer el recurso de forma ilícita, y a quien lo almacene, transporte, suministre o comercialice cuando sea obtenido de manera ilegal.
Cuando hay organización detrás
Las penas podrían aumentar hasta en una mitad si la conducta se realiza de manera organizada, si afecta el suministro de una población o si causa un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado, según la propuesta.
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El negocio que la senadora quiere cortar
En su argumentación, Zatarain García advirtió que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la sustracción del recurso para su comercialización evidencian la necesidad de contar con mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas de manera efectiva.
La legisladora sostuvo que el robo y la extracción ilegal de agua afectan el patrimonio público y la infraestructura hidráulica del país, y comprometen el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento del recurso. Según el boletín, destacó que entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales, concentradas principalmente en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit.
Bien público, no mercancía ilegal
El objetivo declarado de la iniciativa, según el boletín, es cerrar vacíos jurídicos y garantizar que el agua sea protegida como un bien de interés público y no como una fuente de lucro mediante actividades ilícitas.
Es importante subrayar que la propuesta no se dirige contra la venta legal de agua, como la que realizan quienes cuentan con los títulos y permisos correspondientes, sino contra la comercialización de agua obtenida sin autorización. El boletín no menciona de forma específica a ningún tipo de transportista o distribuidor.
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Lo que falta
La iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos Primera del Senado, donde deberá analizarse antes de cualquier votación. El boletín no detalla los artículos del Código Penal Federal que se modificarían ni recoge la opinión de autoridades del agua, gobiernos locales o distribuidores sobre el umbral de 50 mil litros propuesto.
