El campamento había sido colocado desde el lunes 14 de septiembre en las inmediaciones del recinto legislativo, en las calles de Donceles y Allende, en el Centro Histórico, como parte de una protesta encabezada por distintas organizaciones de trabajadores del Gobierno capitalino y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
De acuerdo con información del Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza de los Santos, intervino para establecer un mecanismo de atención a las demandas de los manifestantes. El acuerdo permitió desactivar la protesta en la vía pública sin que se prolongara la afectación al funcionamiento ordinario del Poder Legislativo.
Como parte de la ruta acordada, a partir de este jueves 17 de septiembre se prevén reuniones con las comisiones de Asuntos Laborales y de Derechos Humanos del Congreso capitalino, además de encuentros con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero.
Entre las organizaciones participantes se encuentran la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el grupo de trabajadores “Todos Caben” y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).
Las demandas planteadas durante la movilización están relacionadas con mejores condiciones laborales y de seguridad social, libertad sindical, procesos de basificación, atención de adeudos y la asignación del denominado “dígito sindical”, utilizado para diversos trámites internos de los trabajadores.
El retiro del campamento también permitió liberar los accesos al recinto legislativo de Donceles y Allende. Con ello, el Congreso pudo mantener su operación y desarrollar la sesión ordinaria programada para este jueves 17 de septiembre sin la presencia del bloqueo que había acompañado la protesta durante los días previos.
La salida de los manifestantes, sin embargo, no representa el cierre de sus demandas, sino el traslado de la discusión a una mesa institucional. El cumplimiento de los acuerdos y la respuesta que otorguen las autoridades serán los elementos que permitan determinar si la ruta de diálogo deriva en soluciones concretas para los trabajadores.
La presidenta del Congreso señaló que el diálogo permitió construir una ruta para que las demandas fueran atendidas por las instancias correspondientes, al tiempo que se evitó afectar el funcionamiento del Legislativo capitalino.
El siguiente paso será conocer los resultados de las reuniones previstas con las comisiones legislativas y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. En ese proceso, las condiciones laborales, los derechos sindicales y los adeudos señalados por los trabajadores deberán ser revisados por las instancias competentes conforme al marco jurídico aplicable.
