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El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio y dedicó una ronda de aplausos en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que se solicitó ponerse de pie ante la pérdida de Manzo, a quien definió como una figura clave para su comunidad y para el país.
Previo al minuto de silencio, la legisladora explicó que el acuerdo fue tomado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y extendido a un total de cuatro minutos para recordar también al fallecido político Francisco Rojas Gutiérrez, a la funcionaria de la Cámara Elena Sánchez Algarín y a las víctimas del incendio en Hermosillo, Sonora. El primer minuto, puntualizó, era en honor a Manzo.
La muerte del edil de Uruapan ha encendido alarmas nacionales sobre la violencia que golpea a los servidores públicos, particularmente en estados como Michoacán. Su asesinato no solo representa una pérdida personal para su familia, sino un fuerte mensaje a la clase política y al Estado mexicano de que la inseguridad no distingue cargos ni regiones.
La sesión de la Cámara transcurrió con un ambiente solemne. Tras el silencio, se escucharon aplausos que rompieron la rutina parlamentaria y recordaron que los hechos violentos en el país también alcanzan al recinto legislativo. Varios diputados asistieron con semblantes serios y algunos compartieron miradas con familiares del político presentes en el edificio.
En la práctica, estos momentos simbólicos sirven para visibilizar la gravedad del problema, aunque no garantizan acciones concretas a corto plazo. Políticos consultados señalaron que aunque las palabras son necesarias, lo urgente es que se traduzcan en políticas de seguridad, protección a autoridades locales y mecanismos para detener la impunidad.
Manzo había sido alcalde independiente de Uruapan desde el 1 de septiembre de 2024 hasta su asesinato. Su gestión se caracterizó por enfrentamientos públicos con cárteles del crimen organizado y por solicitar apoyo federal adicional antes de su muerte. En este contexto, el homenaje de la Cámara simboliza el reconocimiento de su trabajo, pero también la exigencia de que su caso no se quede en un trámite más.
Durante la sesión, algunos legisladores de oposición aprovecharon para subrayar la necesidad de mayores recursos a los municipios vulnerables, la coordinación entre niveles de gobierno y la exigencia de que los responsables del crimen sean detenidos. En Michoacán, ya se contabilizan varios alcaldes asesinados en lo que va del año, lo que agrava la percepción de crisis.
Además, se destacó que, en tanto se investigan los hechos, la muerte de Manzo coloca a toda la comunidad de Uruapan en un estado de duelo y de alerta. La administración local y estatal enfrentan la doble tarea de ofrecer justicia y reestablecer la confianza pública en un contexto de violencia persistente.
En suma, el homenaje en el Congreso marca un reconocimiento formal y público al exalcalde asesinado, mientras que en Uruapan y en el país se espera que ese gesto vaya acompañado de resultados reales: protección para autoridades, castigo para criminales y seguridad para la ciudadanía.
S C
