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Campeche a 31 de julio, 2025.- La libertad de prensa en Campeche enfrenta otro duro revés. La jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, emitió una orden para que el medio local Tribuna Campeche entregue en un plazo de 48 horas el nombre y datos del community manager responsable de las redes sociales del medio, con el objetivo de someter sus publicaciones a un “censor judicial”.
La medida, que fue justificada con la necesidad de verificar posibles publicaciones críticas hacia la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, impone una multa de 5 mil 657 pesos a la Organización Editorial del Sureste (editora de Tribuna Campeche) en caso de incumplimiento.
Este acto restrictivo llega justo antes del Cuarto Informe de Gobierno de Sansores, programado para este viernes 1 de agosto, y ha sido denunciado por Tribuna Campeche como un intento claro de inhibir cualquier crítica hacia la administración estatal.
“Es un mecanismo evidente para controlar contenidos y restringir el trabajo periodístico independiente en Campeche”, declaró el medio en un comunicado.
Un contexto de censura y persecución a periodistas
Este caso no es aislado en Campeche ni en México. El pasado 13 de junio, Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por supuestos delitos de incitación al odio y violencia contra la gobernadora Sansores. Además, se solicitó el cierre del portal y la inhabilitación de González Valdez para ejercer el periodismo durante dos años, junto con una multa de 2 millones de pesos por daño moral.
Estos hechos forman parte de un patrón de censura que ha sido reportado dentro del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), donde periodistas y ciudadanos críticos han enfrentado sanciones y limitaciones.
Casos similares en la 4T: censura y control sobre voces críticas
Por ejemplo, la diputada del PT Diana Karina Barreras recibió protección legal tras una sanción contra una ciudadana que la criticó, obligándola a publicar disculpas públicas en redes sociales durante 30 días, bajo el apodo irónico de “Dato Protegido”.
Otro caso relevante es el del periodista Héctor de Mauleón, sancionado por el Instituto Electoral de Tamaulipas después de que su columna en El Universal señalara supuestas implicaciones de Tania Contreras López, próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, en una red de huachicol. La resolución ordenó la eliminación de la columna y fue acompañada de una denuncia por calumnias y violencia política de género contra De Mauleón.
Libertad de expresión en riesgo
Estos casos reflejan cómo el poder político ha sido utilizado para limitar la crítica, restringir el trabajo periodístico y amedrentar a quienes cuestionan a la administración pública, afectando gravemente el derecho fundamental a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Mientras en Campeche se vigilan y censuran las redes sociales, a nivel nacional continúan las denuncias sobre la falta de protección para los periodistas y el uso de medidas legales para silenciar voces disidentes.
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