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En Aguascalientes, donde el sol no da tregua ni a la conciencia, comienza a cocinarse una receta que mezcla espectáculo, improvisación y una pizca de cinismo empresarial. CREAMEDIC, una empresa satélite de Grupo CIE —más conocida por organizar conciertos que por salvar vidas— ha propuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un modelo de clínica de hemodiálisis exprés, hecho con estructuras móviles prefabricadas, al puro estilo de carpa de feria… pero para tratar insuficiencia renal.
El plan, presentado con el disfraz de eficiencia y ahorro, en realidad es una bomba de tiempo disfrazada de innovación. CREAMEDIC infló deliberadamente el costo real del servicio subrogado de hemodiálisis de $1,980 a $2,806 pesos por sesión, con el pretexto de justificar un “ahorro” del 7%. ¿Ahorro? Lo que realmente se pretende es gastar más, bajo un manto de cifras engañosas, beneficiando a una empresa sin trayectoria médica a costa de vidas humanas.
Durante la pandemia, Grupo CIE recibió contratos directos por más de 1,682 millones de pesos para montar unidades temporales. Un festín de adjudicaciones sin licitación, criticadas por su baja calidad y precios inflados. ¿Qué aprendieron? No medicina. Aprendieron que la salud también puede ser un negocio… si se le maquilla bien.
Las unidades que CREAMEDIC pretende construir para el IMSS son estructuras ligeras, temporales, sin certificación sanitaria, sin aval de COFEPRIS ni del Consejo de Salubridad General. Este tipo de infraestructura, en el mundo, se usa solo en desastres o zonas rurales extremas. Pero aquí, quieren instalar una megaclínica con 94 máquinas de diálisis sin ningún referente internacional que sustente su viabilidad. Es como querer operar un hospital en un contenedor de tráiler.
El personal es otro drama no escrito. Para operar una unidad de hemodiálisis se requieren médicos y enfermeras especializados. La capacitación puede tardar hasta medio año. ¿Y qué propone CREAMEDIC? Que el IMSS ponga el personal. Sin plazas nuevas, sin preparación. Como si fuera lo mismo cambiar una lámpara que canalizar una vena yugular en un paciente renal.
Los riesgos son espeluznantes. Estudios del CDC revelan que los pacientes en hemodiálisis son 100 veces más propensos a infecciones si el personal no sigue protocolos estrictos. El estudio DOPPS advierte que la mala práctica puede elevar la mortalidad hasta en un 23%. Pero claro, eso no se pone en las diapositivas del PowerPoint con el que se vende el proyecto.
Y lo más preocupante: este modelo, que ya empieza a rodar en Aguascalientes, podría expandirse como pandemia silenciosa hacia estados como Jalisco, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán. Todo indica que se busca amarrar contratos plurianuales, blindados por la opacidad y la inercia burocrática, con consecuencias clínicas irreversibles.
En nombre del ahorro, se está hipotecando la salud. En nombre de la eficiencia, se camufla la improvisación. Y mientras los pacientes renales esperan un tratamiento digno, en alguna oficina alguien celebra que un proyecto sin pies ni cabeza tenga futuro… porque sí tiene ganancia. ¿Hasta cuándo se permitirá que la salud pública sea el terreno de juego de empresas cuyo negocio ha sido el entretenimiento, no la vida?
S C
