CREAMEDIC y el IMSS: ahorro ficticio, riesgos reales y salud en juego

La salud no se improvisa, y menos con estructuras metálicas que se doblan con el tiempo y con cifras que se estiran aún más. Lo que parecía una propuesta innovadora de eficiencia médica por parte de CREAMEDIC —empresa derivada de Grupo CIE, mejor conocido por montar conciertos que hospitales— se está revelando como una bomba de tiempo para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y peor aún, para los pacientes renales que dependen de sesiones constantes y seguras de hemodiálisis para mantenerse con vida.

En junio de 2024, CREAMEDIC presentó su proyecto al IMSS: construir una clínica de hemodiálisis en Aguascalientes, utilizando la misma lógica y materiales que durante la pandemia sirvieron para levantar centros COVID improvisados. Paneles prefabricados, estructuras temporales, cifras maquilladas. Un reciclaje de emergencia convertido en modelo de negocio permanente. Pero no hay nada más permanente que las consecuencias de un mal tratamiento renal.

El supuesto argumento era ahorrar. Pero como en toda buena tragicomedia mexicana, el ahorro es solo de papel. Según los documentos presentados, se estima un costo de $2,806.18 por sesión de hemodiálisis subrogada, cuando en realidad el precio real contratado es de $1,980.00. Un pequeño truco de prestidigitación numérica con el que se intenta justificar un “ahorro” del 7%, inflando primero los costos en más del 40%. Es decir: te cobro más para decir que te cobro menos. Genial, si esto fuera Las Vegas. Pero es el IMSS.

Las estructuras propuestas tienen una vida útil de seis años. En el mundo real, las clínicas móviles de hemodiálisis se usan para desastres naturales, emergencias sanitarias o en regiones rurales sin infraestructura. No se utilizan como solución permanente en zonas urbanas con miles de pacientes crónicos. Ningún país opera una unidad móvil con 94 máquinas de hemodiálisis. CREAMEDIC quiere ser el primero. El primer gran error.

El proyecto tampoco contempla personal capacitado. El modelo depende de que el IMSS provea médicos y enfermeros, pero no hay plazas nuevas ni tiempo para entrenarlos. Según la Sociedad Mexicana de Nefrología, el entrenamiento para manejar con seguridad una máquina de hemodiálisis toma de 3 a 6 meses. Aquí se espera que salten al ruedo como si fueran técnicos de luces antes de un concierto. Solo que aquí, un error no apaga una tarima; mata a un paciente.

El riesgo no es menor. Estudios del CDC de Estados Unidos alertan que la falta de personal capacitado multiplica por cien la probabilidad de infecciones por Staphylococcus aureus en pacientes renales. Y el estudio DOPPS lo deja claro: una atención deficiente se relaciona con una tasa de mortalidad del 23.3% anual. ¿De verdad queremos montar este experimento con cuerpos reales?

Y como buen guion predecible de telenovela política, el caso Aguascalientes no es único. Ya hay rumores de expansión a Jalisco, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán. Todo apunta a una estrategia para asegurar contratos plurianuales que beneficien a unos cuantos con buenos contactos y poca conciencia. Otra historia de corrupción médica envuelta en papel celofán de eficiencia.

Este proyecto es una afrenta no solo a la técnica médica, sino a la ética pública. Convertir en norma lo que fue una medida de emergencia es tomar la excepción por regla. Lo barato saldrá caro, y lo precario cobrará vidas. El IMSS debe ser garante de la salud, no promotor de negocios riesgosos disfrazados de innovación. La salud no se terceriza a promotores de espectáculos.

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