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La resolución del caso Luis Donaldo Colosio volvió a sacudir al país. Este 8 de noviembre, fue detenido en Tijuana, Baja California, Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como el presunto segundo tirador en el magnicidio del excandidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Ortega fue arrestado alrededor de las 17:00 horas en la calle De los Reyes, en la colonia Los Reyes, por elementos de la Policía Federal Ministerial. Actualmente está bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en la delegación Tijuana, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.
La acusación: pruebas, señalamientos y una orden negada
La exsecretaria de Seguridad federal Rosa Icela Rodríguez reveló en la conferencia matutina del 10 de septiembre de 2024 que Sánchez Ortega estaba acusado como coautor material, identificado por la FGR como el presunto segundo disparador durante el ataque contra Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Rodríguez aseguró que la acusación se sustentó en 123 pruebas, de las cuales 50 eran “contundentes” para acreditar su probable responsabilidad. Sin embargo, la orden de aprehensión que solicitó la FGR fue negada por el juez quinto de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien determinó que las pruebas no eran suficientes.
El 8 de enero de 2024, la FGR apeló esa decisión, pero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó la negativa, dejando en pausa el proceso. Su captura este 8 de noviembre representa un giro importante en la investigación.
El caso Aburto vuelve a la discusión
Paralelamente, el proceso judicial de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Colosio, sigue generando controversia. En octubre de 2023, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer un procedimiento que habría abierto la puerta a su liberación, al ordenar aplicar la pena prevista en el Código Penal de Baja California, equivalente a 30 años de prisión.
Esto significaba que Aburto podría salir en libertad el 23 de marzo de 2024, tras cumplirse los 30 años del magnicidio. Sin embargo, la FGR impugnó la resolución y pidió a la Corte atraer el caso, lo que frenó su liberación.
Finalmente, se resolvió que Aburto debía continuar en prisión, con votos a favor de las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y el ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Hoy, Aburto mantiene una sentencia por homicidio calificado, originalmente de 45 años, dictada hace 31 años.
Un caso que sigue sin concluir
La detención de Jorge Sánchez Ortega reaviva uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de México. La posibilidad de un segundo tirador ha sido un tema recurrente por casi tres décadas, mientras los expedientes del caso han pasado por múltiples dependencias, narrativas y revisiones.
Con la captura del exagente del Cisen, la FGR tendrá que presentar de nuevo las pruebas y sustentar la acusación ante el Poder Judicial, en un escenario donde el expediente Colosio vuelve a tomar fuerza pública y política.
S C
