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CDMX a 28 de octubre, 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante para las escuelas del país: ahora podrán defenderse legalmente de las reglas que prohíben la venta y distribución de ciertos alimentos y bebidas dentro de los planteles educativos.
El fallo, aprobado por mayoría del Pleno y con proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, establece que las escuelas —desde preescolar hasta universidades— pueden solicitar una suspensión provisional si logran demostrar que las normas les causan una afectación directa.
Esto significa que, mientras se resuelve el fondo del asunto en tribunales, las instituciones podrán pedir que no se les apliquen temporalmente los lineamientos que limitan la venta de productos procesados, empaquetados o con sellos de advertencia, como frituras, botanas o bebidas azucaradas.
Los lineamientos originales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024, como parte de una política para promover una alimentación saludable entre estudiantes. Estas normas incluyen sanciones para los planteles que incumplan con las restricciones, algo que varios colegios consideraron excesivo o confuso.
El nuevo criterio de la Corte surgió tras analizar una contradicción entre tribunales federales: mientras uno permitió a una escuela suspender la medida, otro le negó ese derecho. Con la decisión de la SCJN, se aclara que todas las escuelas del país pueden presentar un amparo y solicitar la suspensión provisional si justifican la afectación.
Aunque esta resolución no significa que ya se puedan vender libremente productos prohibidos, sí representa un cambio importante en cómo las escuelas pueden actuar ante disposiciones que consideren injustas o perjudiciales para su operación.
El texto final del fallo será redactado por la ministra Yasmín Esquivel y, una vez aprobado por el Pleno, se convertirá en jurisprudencia obligatoria, lo que marcará la forma en que los tribunales deberán resolver casos similares a partir de ahora.
Mientras tanto, la discusión sobre qué tan efectivas o restrictivas deben ser las políticas alimentarias escolares vuelve al centro del debate público. Por un lado, hay quienes defienden la regulación como una medida para cuidar la salud infantil; por otro, están quienes señalan que la implementación ha sido rígida y sin considerar las particularidades de cada institución.
Lo cierto es que, con este fallo, la Corte abrió una puerta legal que muchas escuelas podrían aprovechar en los próximos meses para proteger sus intereses mientras continúa la discusión de fondo.
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