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CDMX a 29 de marzo, 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido que el gobierno federal no podrá promover la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio. Con una votación de 8 votos a favor y 3 en contra, el órgano electoral determinó que la única entidad facultada para impulsar la difusión de los comicios es el propio INE.
Esta resolución impide que la presidenta de la República o cualquier funcionario del poder legislativo o judicial utilice espacios públicos, conferencias matutinas, anuncios o cualquier otro medio para incentivar la participación.
Aunque algunos consejeros, como Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz y Jorge Montano, votaron en contra de la medida, la consejera Dania Ravel explicó que la imparcialidad del proceso es clave:
«El INE no puede promover una postura sobre la reforma judicial. Lo que hacemos es garantizar que la difusión de la elección sea completamente imparcial y equitativa», señaló.
Candidatos sí, funcionarios no
Además de la prohibición a los servidores públicos, se estableció que ningún funcionario que no sea candidato podrá utilizar recursos públicos para promover el voto o la participación. Esta restricción está basada en el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso indebido de recursos públicos con fines de propaganda política.
El consejero Arturo Castillo sugirió una alternativa: permitir que otras autoridades federativas cedan sus espacios al INE para que este realice la promoción de manera oficial y neutral.
«Si se ceden los espacios, el INE podrá realizar la difusión sin comprometer la imparcialidad del proceso», explicó Castillo.
¿Por qué es importante esta decisión?
La reforma judicial y la elección de jueces han sido temas altamente politizados. Desde su aprobación, el gobierno ha impulsado la narrativa de que la elección es una democratización del Poder Judicial, mientras que sus críticos la ven como un riesgo para la autonomía de los jueces.
Con esta resolución, el INE busca blindar el proceso electoral de cualquier influencia gubernamental, asegurando que la ciudadanía reciba información equilibrada y sin presiones.
A pesar de la decisión, es probable que el debate continúe y que algunos sectores del gobierno busquen alternativas para seguir promoviendo la elección de manera indirecta.
