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La administración estatal encabezada por David Monreal, en coordinación con dependencias federales, ejecutó una intervención directa en el mercado agrícola de Zacatecas durante 2026, movilizando 2,600 millones de pesos para arrebatar el control del acopio de frijol a las redes de intermediarios privados, comúnmente denominados «coyotes».
El mecanismo utilizado para esta reestructuración comercial fue la ejecución estricta del programa de Precio Garantizado. La política de fijación de precios estableció un pago por tonelada que anuló la viabilidad del mercado informal, donde históricamente los acaparadores adquirían el grano por debajo del costo de producción aprovechando la urgencia de liquidez del campesinado para saldar deudas crediticias.
La efectividad de la medida se sustenta en el control de la cadena logística. Conscientes de que el cuello de botella en los centros de acopio forzaba a los productores a rematar sus cosechas ante la falta de espacio, el gobierno de Zacatecas financió y desplegó una flota de transporte estratégico para mantener el flujo constante del grano hacia las bodegas de resguardo.
Esta maniobra logística elevó el volumen de captación oficial de 80,000 a 96,000 toneladas en un solo ciclo. El incremento de 16,000 toneladas representa el volumen exacto de grano que fue sustraído del mercado negro de intermediarios e integrado a la economía formal, garantizando la tributación y el registro fiscal de las transacciones comerciales en el sector primario.
La dispersión de los 2,600 millones de pesos fue auditada para focalizarse exclusivamente en los pequeños productores. Los padrones de beneficiarios excluyeron a las macro-empresas agroindustriales, dirigiendo el presupuesto gubernamental hacia los ejidatarios que sostienen la base de la soberanía alimentaria y que presentan los índices más altos de marginación económica en el estado.
El impacto financiero de esta política trasciende la estadística agrícola, modificando la estructura de poder económico en los municipios rurales. Al eliminar la fuga de capital que representaban las comisiones de los acaparadores, los recursos permanecen en el circuito de consumo local, reactivando la cadena de servicios complementarios, desde talleres mecánicos hasta comercios de bienes básicos.
A pesar de los resultados registrados en el denominado «Año del Progreso», la sostenibilidad de este modelo a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para mantener el subsidio de las tarifas de garantía y la operatividad de la red de transporte en ciclos futuros, manteniendo el blindaje del mercado local frente a la volatilidad de los precios internacionales.
