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En el arranque de la discusión sobre una posible reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dejó clara su postura: antes que rediseñar fórmulas políticas, el país debe garantizar que el crimen organizado no intervenga en las campañas.
Desde San Lázaro, la legisladora sostuvo que si se van a modificar las leyes electorales, el objetivo principal debe ser impedir que grupos delictivos financien candidatos o influyan en quienes llegan a cargos como diputados, alcaldes o gobernadores. En términos simples, se trata de asegurar que quienes compiten por el poder respondan a los ciudadanos y no a intereses criminales.
Para quienes no siguen el día a día legislativo, la reforma electoral define cómo se eligen los representantes y cómo se distribuye el poder en el Congreso de la Unión. López Rabadán insiste en que cualquier cambio debe partir de una realidad evidente: la inseguridad es una de las mayores preocupaciones nacionales y no puede quedar fuera del debate político-electoral.
También defendió la importancia de que todos los votos estén representados en el Congreso, incluyendo a las minorías. Desde su perspectiva, la democracia no solo se trata de que gane la mayoría, sino de que todas las voces tengan espacio en los órganos de deliberación. Por eso, advirtió que una reforma no puede debilitar la pluralidad.
Como presidenta de la Mesa Directiva, aseguró que el debate será abierto, público y conforme a la ley. Sin embargo, enfatizó que la discusión debe centrarse en lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía: evitar que el crimen cobre piso, extorsione o influya en decisiones públicas a través de representantes electos.
En el fondo, el planteamiento es político pero también institucional. Si el crimen logra incidir en elecciones, no solo se altera el resultado de una contienda, sino que se compromete la legitimidad de las autoridades y el uso de recursos públicos. Por eso, la diputada plantea que blindar las elecciones es una condición básica para fortalecer la democracia.
El debate apenas comienza, pero la línea que marca López Rabadán es clara: sin seguridad y sin reglas que impidan la injerencia criminal, cualquier reforma electoral quedaría incompleta.
