admin
Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, un grupo de legisladores de Movimiento Ciudadano decidió poner sobre la mesa uno de los temas más urgentes —y menos atendidos— del país: el agua. Acompañados por su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, diputadas, diputados, senadoras y senadores presentaron una iniciativa que busca garantizar un acceso equitativo y sustentable al agua, con una visión más humana y menos burocrática.
La diputada Laura Ballesteros lo dijo sin rodeos: “México enfrenta una crisis hídrica estructural que deriva de la injusticia social”. Y es que, aunque suene increíble, más de 20 millones de personas en México no tienen agua potable en sus casas. El contraste es brutal: mientras en las zonas urbanas la cobertura ronda el 98 por ciento, en las zonas rurales apenas alcanza el 89, y si hablamos de las periferias de las grandes ciudades, el panorama se vuelve aún más desigual.
Desde el Congreso, Movimiento Ciudadano quiere romper con los monopolios del agua que por años han concentrado este recurso en pocas manos. La diputada Patricia Flores lo explicó con claridad: la idea es revisar las concesiones antiguas para que el acceso al agua no dependa de quién tiene más poder o conexiones, sino de quién la necesita. En sus palabras, “esto puede ir de la mano con las propuestas de la presidenta de la República”, marcando un posible punto de encuentro entre el partido naranja y el gobierno federal.
Pero quizá la propuesta más ambiciosa es la de la senadora Amalia García, quien habló de construir un “nuevo pacto por el agua”. Para ella, el líquido no puede tratarse como una mercancía sino como un bien público vital. Lo dijo con una frase contundente: “Un Estado de bienestar que de verdad lo sea, tiene que garantizar que un derecho humano como el agua no esté sujeto a intereses económicos.”
En concreto, MC plantea que cada persona en México tenga asegurado al menos 100 litros diarios, como recomienda la ONU, y que el costo del servicio se calcule de manera proporcional a los ingresos de cada familia, sin rebasar el 3% del salario familiar. Es decir, que pagar el agua no sea un lujo, sino un gasto justo.
La iniciativa también propone crear una Secretaría del Agua, de Saneamiento y Bienes Hídricos, una institución que dé mayor peso político y administrativo a la gestión del recurso, hoy repartida entre distintas dependencias. Y no se trata solo de reorganizar al gobierno: buscan que los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución respalden legalmente este derecho, comprometiendo a los tres niveles de gobierno.
Otro punto clave es la llamada “justicia intergeneracional”, que el senador Clemente Castañeda defendió con fuerza: que las decisiones de hoy no hipotecan el futuro de quienes aún no nacen. Porque el agua —como los bosques o el aire— no puede seguir tratándose como un recurso infinito.
Finalmente, Jorge Álvarez Máynez subrayó que el agua no solo es un derecho humano, sino un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Y puso un dato sobre la mesa que da para reflexionar: el consumo humano apenas representa el 12% del uso total del agua en México. El resto se va en actividades industriales, agrícolas o concesiones privadas, lo que deja claro que la desigualdad en el acceso al agua es también una desigualdad económica.
En resumen, la iniciativa de Movimiento Ciudadano busca algo más profundo que una reforma legal: cambiar la forma en que México piensa y administra su agua, poner la justicia social en el centro y recordar que, sin agua, no hay futuro.
S C
