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En medio de crecientes presiones legales, Meta ha comenzado a retirar anuncios de bufetes de abogados en sus plataformas Facebook e Instagram que buscaban reclutar clientes para demandar a la compañía por presuntos daños a menores de edad.
De acuerdo con el medio Axios, la medida se implementó luego de detectar más de una docena de anuncios activos pertenecientes a firmas legales de alto perfil en Estados Unidos, entre ellas Morgan & Morgan y Sokolove Law. Estas campañas publicitarias señalaban que el uso de redes sociales puede estar vinculado con problemas como ansiedad, depresión e incluso conductas de autolesión en adolescentes.
La decisión de Meta ocurre en un momento particularmente delicado para la empresa, apenas dos semanas después de que un tribunal en California declarara a Meta y a YouTube negligentes en un caso considerado histórico, relacionado con la adicción a las redes sociales. Este fallo ha abierto la puerta a una posible ola de demandas colectivas en Estados Unidos, especialmente por parte de familias que alegan daños en la salud mental de menores.
Los anuncios retirados tenían como objetivo captar potenciales demandantes, destacando supuestos efectos negativos del uso prolongado de plataformas digitales. En ellos se acusaba a las empresas tecnológicas de priorizar el beneficio económico por encima del bienestar de los usuarios más jóvenes, una crítica que ha ganado fuerza en los últimos años.
Ante esta situación, Meta justificó su decisión apelando a sus propias políticas internas. Según explicó un portavoz de la compañía a Axios, sus condiciones de servicio permiten restringir contenidos con el fin de “evitar o mitigar impactos legales o regulatorios adversos”.
“Nos estamos defendiendo activamente de estas demandas y estamos eliminando los anuncios que intentan reclutar demandantes para las mismas”, señaló la empresa, que también afirmó que no permitirá que los bufetes “se lucren” utilizando sus plataformas mientras, al mismo tiempo, las acusan de ser perjudiciales.
La medida abre un nuevo frente en el debate sobre el poder de las grandes tecnológicas para controlar el contenido en sus propias plataformas, especialmente cuando este contenido está directamente relacionado con procesos legales en su contra. También plantea interrogantes sobre los límites entre la moderación de contenidos y la posible restricción de información de interés público.
El conflicto entre Meta y los bufetes de abogados refleja un escenario cada vez más complejo, donde las redes sociales no solo son espacios de interacción digital, sino también campos de disputa legal, económica y ética. A medida que avanzan las demandas y crece el escrutinio público, el papel de estas plataformas en la salud mental de los usuarios —particularmente de los menores— seguirá siendo un tema central en la conversación global.
