Lead. Convenios obtenidos mediante solicitudes de transparencia documentan un esquema de pagos entre Morena y Financiera para el Bienestar (Finabien), con observaciones internas sobre controles antilavado y documentación administrativa.
La investigación de MCCI, difundida en Aristegui Noticias por Eduardo Buendía, revisó un primer convenio firmado en junio de 2022, cuando Mario Delgado encabezaba la dirigencia nacional de Morena.
El acuerdo estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024 y contemplaba 252 mil pagos a beneficiarios mediante un esquema de giro telegráfico para grandes usuarios. Una auditoría interna reportó al menos 140 mil transacciones realizadas antes del corte de junio.
El Órgano Interno de Control de Finabien señaló que durante la ejecución no se aplicaron protocolos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El informe también mencionó disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de desajustes en el timbrado de facturas y expedientes cronológicos incompletos.
La información disponible presenta esos puntos como observaciones de control interno. Para determinar responsabilidades administrativas, electorales o penales se requieren procedimientos y resoluciones de las autoridades competentes.
El esquema reapareció el 21 de abril de 2025 con un segundo contrato de términos similares. Los documentos citados ubican esa firma durante la dirigencia de Luisa María Alcalde y con Andrés Manuel López Beltrán en la secretaría de organización.
Una de las preguntas centrales es cuánto dinero se dispersó y desde qué cuentas salió. Las respuestas de Finabien a solicitudes de transparencia no desglosan los montos globales ni las cuentas bancarias de origen del partido político.
Especialistas en materia electoral plantearon que los partidos no tienen facultades para repartir directamente dádivas o apoyos asistenciales. Esa interpretación tendrá que contrastarse con el contenido completo de los convenios y con los informes presentados ante el INE.
La dirigencia de Morena no habría respondido públicamente a las solicitudes sobre la procedencia de los recursos y su eventual inclusión en los reportes de fiscalización electoral.
El caso abre un debate sobre los controles de una entidad pública, la operación financiera de los partidos y la obligación de mantener expedientes verificables. También muestra el valor de las auditorías internas y de las solicitudes de información.
La cobertura periodística debe distinguir entre lo que establecen los documentos, lo que señalan los especialistas y lo que todavía no tiene respuesta oficial. Hasta que existan resoluciones, las irregularidades reportadas no deben confundirse con culpabilidad acreditada.
Datos clave: convenio inicial de 2022; 252 mil pagos previstos; al menos 140 mil transacciones reportadas; segundo contrato en 2025; observaciones sobre controles antilavado, facturación y expedientes.
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