Hay una pregunta que atraviesa toda la polémica de los derechos de las audiencias y que nadie ha querido formular de frente: ¿quién manda en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Porque el anteproyecto de lineamientos salió de su pleno, lleva su nombre y su logo, pero desde que estalló la controversia la Comisión ocupa un lugar curioso en el escenario. Habla, sí. Explica, contesta entrevistas, aclara procedimientos. Lo que no hace es mandar.
La secuencia lo dice mejor que cualquier adjetivo. El 24 de julio la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez encabezó la conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión para anunciar la consulta pública. Cuatro días después, el 28 de julio, quien presentó los lineamientos ante el país fue la consejera jurídica del Ejecutivo, desde la mañanera de Palacio Nacional, por instrucción presidencial. Un instrumento regulatorio emitido por un organismo con independencia técnica reconocida por ley fue lanzado políticamente desde la oficina jurídica de la Presidencia. No es un detalle protocolario: es la fotografía completa del arreglo institucional.
De ahí en adelante, la división del trabajo se volvió nítida. La Comisión se quedó con lo técnico: cómo se presenta una queja, cuántos días tiene el defensor para responder, qué debe contener un código de ética. La Presidencia se quedó con lo político: si hay censura o no la hay, si se sanciona contenido o no se sanciona, si los críticos actúan de buena fe o forman parte de una campaña. Y cuando llegó el momento de negociar los cambios al proyecto —el momento en que realmente se decide qué queda y qué se cae—, quien se sentó a la mesa con la industria fue la consejera jurídica, por instrucción de la Presidenta. El regulador no convocó, no medió, no anunció.
Más revelador todavía es quién informa sobre el futuro del propio instrumento de la Comisión. Cuando el país quiso saber cuándo se conocerían los lineamientos finales, la respuesta no salió del pleno de la CRT ni de un boletín institucional. Salió de la conferencia matutina: esperar al viernes o, a más tardar, la semana siguiente. El organismo que aprobará la versión definitiva se entera del calendario por la misma vía que el resto de los mexicanos.
Aquí conviene detenerse en la arquitectura, porque explica todo lo demás. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se formó el 17 de octubre de 2025 como sucesora del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero no lo sucedió en rango. El IFT era un órgano constitucional autónomo, con blindaje en la propia Constitución. La CRT es un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al que la ley reconoce independencia técnica, operativa y de gestión. Suena parecido. No lo es. Una cosa es tener autonomía escrita en la Constitución y otra tenerla escrita en una ley secundaria que el mismo Congreso puede modificar.
La diferencia se entiende con una imagen doméstica: es la distancia entre ser propietario de la casa y ser inquilino con contrato. El inquilino puede acomodar los muebles como quiera y nadie le discute la decoración. Pero el que decide si se tira la pared es el dueño. La CRT decora con bastante libertad. Lo que no puede es tirar paredes, ni impedir que las tiren.
Y ahí aparece el problema de fondo, que no es de personas sino de diseño. El anteproyecto establece que cuando una audiencia no quede conforme con la resolución del defensor de un medio, podrá inconformarse ante la Comisión, que tendrá facultad para revisar, modificar o anular esa decisión. Es decir: la última palabra sobre una controversia relacionada con contenidos periodísticos quedaría en manos de un organismo que forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Se puede argumentar de buena fe que este gobierno jamás usaría esa facultad contra la prensa crítica. La pregunta correcta es otra: ¿y el siguiente? ¿Y el de después? Las instituciones no se diseñan pensando en quien las estrena, sino en quien las hereda.
La propia Comisión ha respondido a esa objeción por la vía técnica: sostiene que no intervendrá en decisiones editoriales, que no determinará qué es verdadero o falso, que la libertad editorial y programática de los medios es absoluta porque cada uno fija sus criterios en su código de ética. Es una respuesta razonable y probablemente sincera. Pero es una respuesta sobre intenciones, no sobre facultades. Y las facultades sobreviven a las intenciones de quien las estrena.
Existe además una inconsistencia en el discurso oficial que merece registrarse. En mayo de este año, al explicar por qué la titular del regulador debía presentar por sí misma los detalles del esquema, la Presidenta se refirió a la Comisión como un organismo autónomo. Jurídicamente no lo es. Puede tratarse de un uso coloquial de la palabra, del tipo que cualquiera comete en una conferencia. Pero en este debate específico, la diferencia entre autonomía constitucional e independencia técnica es exactamente el punto en disputa, y usarlas como sinónimos no ayuda a despejar la sospecha.
Nada de esto significa que la Comisión esté actuando de mala fe ni que los lineamientos sean un instrumento de censura disfrazado. Significa algo más sencillo y más difícil de arreglar: el país le está pidiendo a un organismo desconcentrado del Ejecutivo que arbitre disputas sobre contenidos periodísticos, incluidos los que critican al Ejecutivo. Y ese organismo, mientras tanto, ni siquiera puede fijar en público el calendario de su propia regulación.
Así que la pregunta para llevarse a la mesa, a la sobremesa o a la barra: si el árbitro no puede decir cuándo empieza el partido, ¿de verdad creemos que va a poder marcarle una falta al dueño del estadio?
