Un juez federal impuso prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete imputados, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y a delincuencia organizada.
La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de un día, en la que el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la investigación. Mientras continúa el proceso penal, el juez determinó las medidas cautelares que deberá cumplir cada uno de los acusados.
¿Quiénes permanecerán en prisión?
De acuerdo con la FGR, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 «Altiplano», ubicado en el Estado de México.
Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso desde sus domicilios debido a motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía informó que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los imputados son vinculados o no a proceso.
La investigación por presunto contrabando de combustibles
Según la FGR, las detenciones forman parte de una investigación desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad, enfocada en una presunta red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.
La autoridad sostiene que el esquema investigado consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados o declarando el combustible como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.
Estas prácticas son conocidas como «huachicol fiscal», una modalidad distinta al robo de combustible por tomas clandestinas, ya que se relaciona con presuntas irregularidades en las operaciones de comercio exterior y el incumplimiento de obligaciones fiscales.
La FGR señala afectaciones económicas
De acuerdo con la Fiscalía, el presunto esquema de contrabando habría generado afectaciones económicas al Estado mexicano, al reducir la recaudación de impuestos derivados de la importación de combustibles.
La dependencia también señaló que este tipo de operaciones puede convertirse en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales, razón por la que las investigaciones buscan identificar a todos los participantes y las posibles redes de apoyo financiero y logístico.
Presunción de inocencia continúa vigente
La FGR recordó que todas las personas imputadas mantienen el derecho a la presunción de inocencia, por lo que su responsabilidad penal únicamente podrá establecerse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
En las próximas audiencias, el juez analizará los elementos presentados por las partes para resolver si existen los requisitos legales para vincular a proceso a los ocho imputados y definir la continuación de la investigación judicial.
