Por Juan Pablo Ojeda
Una residencia en la calle Picacho, en Jardines del Pedregal, se convirtió en el nuevo foco de la polémica que rodea a la expresidenta del INE Guadalupe Taddei. La periodista Yohali Reséndiz, de Opinión 51, describió el inmueble en una entrevista con Adela Micha publicada el 27 de octubre en el canal La Saga, a partir del testimonio de un informante que se presentó encapuchado.
De acuerdo con la periodista, el testigo afirma que Picacho 259 funcionaba como centro de operaciones del proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Según ese relato, desde ahí se habría trabajado para colocar consejeros afines en los organismos públicos locales electorales, con apoyo de Taddei, para después obtener contratos. Se trata de una versión que, hasta el cierre de esta edición, no ha sido corroborada por autoridades ni por documentos públicos.
Reséndiz publicó el 26 de octubre en Opinión 51 la columna «Picacho 259: el epicentro…», y una segunda entrega apareció el 27 de octubre. En la entrevista dijo que la casa vale más de 24 millones de pesos; sin embargo, su propia columna atribuye esa cifra al testigo y no existe avalúo ni registro público que la respalde.
El testigo también sostiene, según la periodista, que en esa casa se celebró la «noche mexicana» que aparece en el video difundido por Latinus el 20 de octubre, y que ahí se realizaban entregas de dinero en efectivo a consejeros. Ambas afirmaciones dependen exclusivamente de esa fuente anónima.
¿Por qué importaría a un proveedor influir en los OPLE? La respuesta está en la ley: el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los consejeros de los organismos locales se designan con al menos ocho votos del Consejo General del INE. Las empresas ligadas a Hernández Casillas, además, venden materiales electorales tanto al INE como a institutos estatales.
Los montos sí están documentados. La Jornada contabiliza 1,450 millones de pesos en 49 contratos con el INE entre 2018 y 2025, mientras La Razón calcula alrededor de 1,767 millones al sumar los organismos locales. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas del grupo, y Reforma informó el 24 de octubre que la Auditoría Superior de la Federación detectó contratos simulados por 514 millones de pesos.
La presión pública terminó con la renuncia de Taddei, anunciada el 25 de octubre y entregada a la Cámara de Diputados el 26. Antes de presidir el INE, encabezó el Instituto Estatal Electoral de Sonora, donde en 2021 se adjudicó a Cajas Graf, una de las empresas del grupo, un contrato por 46.9 millones de pesos.
En la entrevista se mencionó también a Jesús Octavio García, quien fue representante legal de Cajas Graf y Corporativo ZEG y luego director de Administración del INE. Ese dato está confirmado; no lo está, en cambio, que él haya presentado a Taddei con el proveedor, como se dijo en la conversación, ni la fecha que se mencionó para ese encuentro.
Otros señalamientos, como la supuesta participación del hijo de Taddei en las empresas, el papel de Litho Formas como «facturera» o la idea de que el chofer Jonathan Navarrete filtró los videos por encargo de un rival, se presentan según el testigo o según la lectura de la periodista. Navarrete, de acuerdo con lo documentado, es chofer de Taddei desde abril de 2025 y apoderado de Corporativo ZEG desde 2023.
Picacho 259 puede convertirse en una pieza clave si las investigaciones en curso confirman lo dicho por el informante. Por ahora, es el escenario de un relato que conviene seguir de cerca, pero que no debe confundirse con los hechos ya acreditados por auditorías, contratos y registros públicos.
