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Caminar o conducir por colonias como la Roma, la Juárez o Polanco implica enfrentarse a un dilema urbano que parece no tener fin: ¿a quién pertenece la calle? En la Ciudad de México, el asfalto es el escenario de una tensión constante entre la modernidad administrativa de los parquímetros y la tradición informal, pero muy arraigada, de los franeleros o «viene-vienes». Lo que para unos es una política pública necesaria para ordenar la movilidad, para otros es la privatización de un bien común, y en medio queda el automovilista, pagando doble o buscando un hueco que no esté «apartado» con un bote de cemento.
El sistema de parquímetros, bajo el sello de ecoParq, llegó con la promesa de democratizar el espacio. La lógica es simple: si el espacio público es finito, cobrar por su uso desincentiva que un auto permanezca estacionado todo el día, fomentando la rotación y reduciendo el tráfico de quienes dan vueltas eternas buscando dónde dejar su coche. Además, un porcentaje de ese ingreso debe destinarse legalmente a mejorar las banquetas e iluminación de la zona. Sin embargo, para muchos vecinos y trabajadores, el parquímetro es percibido como un «impuesto a la calle» que no siempre se refleja en mejores servicios y que, a menudo, solo desplaza el problema del estacionamiento a las colonias colindantes donde no hay máquinas.
Por otro lado, la figura del «viene-viene» representa la resistencia de la economía informal en una ciudad que nunca deja de crecer. El franelero ofrece un servicio que el parquímetro no puede dar: vigilancia humana, lavado de autos con una cubeta y el «apartado» estratégico de lugares mediante botes, huacales o cualquier objeto que sirva de frontera. Para el franelero, la calle es su centro de trabajo y el control del espacio es su único activo. Aunque su presencia a veces genera seguridad para quienes temen un cristalazo, también alimenta una red de extorsión pasiva donde el «ahí se lo encargo» se convierte en una tarifa obligatoria si no se quiere encontrar el auto con un rayón misterioso.
Esta disputa ha creado una zona gris legal y social muy compleja. En algunas zonas, los franeleros han «asimilado» el parquímetro, ayudando a los usuarios a pagar en la app a cambio de una moneda, mientras que en otras, la rivalidad es abierta y violenta. El problema de fondo es que la Ciudad de México carece de un plan integral que satisfaga a ambas partes: mientras el transporte público no sea una alternativa viable para todos, la demanda por un pedazo de calle seguirá siendo alta. Al final, la pelea entre la máquina y el bote de plástico es solo el síntoma de una urbe que intenta ser moderna en sus reglas, pero que sigue siendo profundamente humana e informal en sus costumbres.
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