A solo dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos lanzaron un llamado al gobierno federal para que atienda diversas problemáticas sociales, ambientales y de derechos humanos que consideran urgentes. Los colectivos sostienen que la celebración de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo no debe desviar la atención de desafíos que afectan a miles de personas en el país.
La movilización tuvo lugar en la Ciudad de México, donde activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros de largo sobre la Estela de Luz con el mensaje “Esto también está en juego. El mundo está viendo”. La acción fue respaldada por organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la protección de comunidades vulnerables.
Durante una conferencia de prensa, representantes de los colectivos señalaron que la realización del Mundial coincide con una serie de problemáticas que continúan generando preocupación en distintos sectores de la sociedad. Entre ellas mencionaron las desapariciones de personas, la migración, el desplazamiento forzado, la discriminación, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y los conflictos derivados de proyectos de desarrollo e infraestructura.
Las organizaciones también cuestionaron la distribución de recursos públicos relacionados con la organización del torneo. Según los datos presentados, el Gobierno de México ha anunciado inversiones cercanas a los 2 mil millones de pesos para proyectos de movilidad en las tres ciudades mexicanas que serán sede del Mundial, además de un importante despliegue de elementos de seguridad durante el evento.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la crisis de desapariciones que enfrenta el país. Los colectivos solicitaron fortalecer las políticas públicas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas y reforzar la protección de familiares y grupos ciudadanos que participan activamente en estas labores. De acuerdo con los registros oficiales citados por las organizaciones, actualmente existen más de 133 mil personas desaparecidas en México.
La situación migratoria también ocupó un lugar central en las demandas. Los activistas pidieron mayores garantías para la protección de los derechos de las personas migrantes y deportadas. Según la información difundida durante la conferencia, más de 190 mil ciudadanos mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos y cerca de 13 mil personas de otras nacionalidades fueron retornadas a territorio mexicano entre 2025 y marzo de 2026.
Otro de los temas abordados fue la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las organizaciones consideraron que este proceso representa una oportunidad para incorporar criterios más sólidos en materia de derechos humanos, protección ambiental, condiciones laborales y desarrollo agrícola sostenible, con el objetivo de generar beneficios más amplios para las comunidades de los tres países.
Asimismo, los colectivos expresaron preocupación por las condiciones que enfrentan comunidades indígenas y afromexicanas afectadas por desplazamientos forzados internos. También advirtieron sobre los riesgos que continúan enfrentando personas defensoras de derechos humanos y del territorio, quienes en muchos casos son objeto de amenazas, hostigamiento y violencia debido a su labor.
En materia ambiental, las organizaciones pidieron que las políticas públicas otorguen prioridad a la protección de ecosistemas terrestres y marinos. Señalaron que los efectos del cambio climático, sumados a diversos proyectos de infraestructura y desarrollo, han incrementado la presión sobre recursos naturales y comunidades locales en distintas regiones del país.
De acuerdo con los datos presentados por las agrupaciones, durante 2025 fueron asesinadas diez personas defensoras del medio ambiente y se registraron 314 agresiones contra activistas, incluyendo amenazas, actos de intimidación y campañas de difamación. Estos hechos, afirmaron, reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes trabajan en la defensa de los recursos naturales y los derechos colectivos.
Las organizaciones firmantes dirigieron su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitaron abrir espacios de diálogo permanente con la sociedad civil para abordar de manera conjunta los desafíos relacionados con derechos humanos, justicia social y protección ambiental.
Los colectivos anunciaron que mantendrán actividades, campañas y pronunciamientos en México, Estados Unidos y Canadá durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026. Su objetivo es aprovechar la atención internacional que genera el torneo para visibilizar problemáticas que, aseguran, requieren respuestas urgentes y acciones concretas por parte de las autoridades.
Para las organizaciones participantes, el Mundial representa una oportunidad no solo para celebrar el deporte, sino también para colocar en la agenda pública temas que consideran fundamentales para el futuro del país. Bajo esa premisa, buscan que la mirada del mundo se extienda más allá de los estadios y alcance las realidades sociales y ambientales que continúan marcando la vida de millones de personas.
