Por Juan Pablo Ojeda
México lleva años escuchando que la corrupción se combatirá con todo. La diferencia, esta vez, está en si la fiscalización superior deja de ser un informe para especialistas y se convierte en un proceso con costos reales para quien no pueda explicar el uso del dinero público.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, está dando señales de ese cambio. Investigaciones sobre posibles irregularidades en el INE, los OPLEs, la UNAM, gobiernos municipales y estatales, y grandes empresas, han vuelto a colocar la rendición de cuentas en la primera plana de la conversación pública nacional.
El dato que mejor resume el momento llegó con la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025: más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en 374 informes individuales. No todo monto observado equivale a un desvío comprobado; sí obliga a los entes revisados a documentar, explicar y, en su caso, reintegrar recursos a la Federación.
En los municipios el problema es especialmente grave. Ninguno de los 42 ayuntamientos incluidos en esa entrega pudo acreditar documentalmente el destino de la totalidad de los recursos federales fiscalizados. El resultado agregado supera los 5 mil 200 millones de pesos sin comprobar. En los estados, más de mil 200 millones quedaron pendientes, con foco en educación y salud.
En el ámbito federal, la ASF observó 2 mil 327 millones de pesos en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, antes del cierre de las revisiones, entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos, 553 millones de ellos del sector salud. Recuperar recursos importa; aclarar lo restante importa igual o más para la confianza ciudadana.
La dimensión penal también se movió. A seis meses del inicio de la gestión, la ASF reporta 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Tres se presentaron mientras las auditorías seguían abiertas. Esa secuencia acorta la distancia histórica entre hallazgo técnico y consecuencia jurídica, aunque el desenlace final dependerá de las fiscalías y los tribunales.
La investigación de oficio en torno a contratos y operaciones vinculadas a organismos electorales refuerza la idea de una ASF menos reactiva. El auditor ha hablado de grupos empresariales con operaciones millonarias ante entidades públicas; también ha advertido que el proceso debe apegarse al debido proceso. La tensión entre velocidad y garantías será parte del juicio público sobre esta etapa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido el combate a la corrupción en una de sus banderas. Si la ASF sostiene revisiones amplias, denuncias oportunas y seguimiento a observaciones millonarias, el discurso oficial encontrará un respaldo institucional concreto. Si las carpetas se enfrían, la ciudadanía leerá otra promesa incumplida más en una larga lista.
Por eso no es exagerado preguntarse si México está ante un nuevo zar anticorrupción. La expresión resume una demanda social más que un cargo formal: alguien capaz de investigar sin importar a quién incomode y de sostener el caso hasta sus últimas consecuencias administrativas o penales, con evidencia y sin espectáculo vacío.
El calendario no perdona. La tercera entrega de la Cuenta Pública 2025 debe presentarse a más tardar el 20 de febrero de 2027, y la ASF ya fiscaliza de forma directa a más de mil 200 municipios y alcaldías. Ahí se medirá si el pulso actual fue un episodio mediático o el inicio de una etapa distinta de fiscalización superior.
Después de tantos años de discursos, la prueba es simple. Combatir la corrupción no es solamente decirlo: es investigar, llegar hasta el fondo y hacer que haya consecuencias. Las cifras de más de 9 mil millones por aclarar y las investigaciones en curso son el primer examen; el veredicto lo darán los resultados que sí se ejecuten frente a la ciudadanía.
