La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un fuerte señalamiento contra lo que calificó como un “pacto de políticos con el narcotráfico”, al advertir que este tipo de acuerdos han contribuido a la violencia, la inseguridad y el deterioro de las condiciones de vida en el país.
Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que permitir que el crimen organizado controle territorios o influya en procesos políticos constituye una forma de traición a la patria. En ese sentido, insistió en que el principal reclamo de la ciudadanía es recuperar la seguridad y poner fin a la impunidad.
“Traición a la patria es dejar que el narco le quite la paz a los mexicanos; es acordar con el narco para lograr candidaturas o poder”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a que todos los actores políticos definan con claridad su postura frente a este problema.
López Rabadán también expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reconoció por su estrategia de combate al crimen organizado. Según la diputada, se requieren más funcionarios que prioricen la seguridad de las familias y enfrenten directamente a los grupos delictivos, incluso ante presiones políticas.
En paralelo al tema de seguridad, la legisladora abordó el proceso legislativo de una iniciativa enviada por la Presidencia de la República que busca modificar aspectos del sistema judicial, incluyendo la fecha de elección de jueces y magistrados.
Explicó que la propuesta será recibida formalmente por la Comisión Permanente y posteriormente turnada a la Cámara de Diputados como cámara de origen. Ahí, la Comisión de Puntos Constitucionales elaborará un dictamen que deberá ser discutido y votado por el pleno.
De acuerdo con López Rabadán, si la iniciativa obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores, avanzará al Senado de la República y posteriormente a los congresos locales para su eventual aprobación constitucional.
La diputada señaló que el proceso podría desarrollarse en un periodo extraordinario la próxima semana, siempre que se cumplan los tiempos legales establecidos, incluyendo la publicación previa del dictamen.
En otro momento, advirtió que el contexto nacional combina la discusión legislativa con una creciente preocupación social por la seguridad. Indicó que existe una exigencia generalizada de justicia, así como una demanda de mejores servicios públicos y condiciones adecuadas para eventos internacionales como el Mundial de 2026.
“México está lastimado”, afirmó, al subrayar que millones de ciudadanos esperan resultados concretos frente a la violencia y la corrupción.
Finalmente, la legisladora insistió en que los vínculos entre política y crimen organizado deben investigarse sin distinción partidista. Aseguró que cualquier funcionario involucrado en actividades ilícitas debe ser sancionado conforme a la ley, independientemente de su cargo o afiliación.
“Al que sea responsable, que se le juzgue”, concluyó, al reiterar su llamado a terminar con la impunidad y fortalecer el Estado de derecho en el país.
