Por Bruno Cortés
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados emitió un posicionamiento técnico en el que cuestiona la metodología, los plazos e indicadores empleados en el proceso de elaboración y consulta pública del proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) 2025-2045.
De acuerdo con las observaciones presentadas por los legisladores, el periodo de consulta ciudadana instrumentado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) resulta insuficiente para procesar las propuestas de los más de 9.2 millones de habitantes distribuidos en las 16 alcaldías de la capital.
El diagnóstico legislativo señala que las convocatorias para las mesas de trabajo registraron un nivel de participación equivalente a menos del 0.5% de la población objetivamente afectada por las proyecciones de ordenamiento territorial, uso de suelo y zonificación para los próximos 20 años.
Respecto al eje de infraestructura hídrica, la bancada del PAN detalló que el documento omite metas cuantificables para reducir la pérdida por fugas en la red primaria de agua potable, un problema que actualmente representa el 40% del caudal total suministrado a la Zona Metropolitana del Valle de México.
En materia de movilidad, el análisis advierte sobre la carencia de un calendario financiero detallado para la inversión pública requerida en el mantenimiento correctivo y expansión de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como de las rutas de transporte electromóvil.
El pronunciamiento subraya que la propuesta omite indicadores LSI y métricas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en lo referente a la densidad poblacional permitida en zonas de alto riesgo sísmico y de recarga de acuíferos en el suelo de conservación de las alcaldías del sur.
Los legisladores hicieron un llamado formal a las autoridades capitalinas para suspender el calendario de aprobación actual y reponer la fase de consulta pública, ampliando el plazo de deliberación a 180 días naturales para incorporar dictámenes técnicos de colegios de ingenieros, urbanistas y facultades de arquitectura.
