Por Bruno Cortés
La diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley del ISSSTE, la Ley del Seguro Social y la Ley General de Salud, con el objetivo de crear un nuevo protocolo de vigilancia clínica psicosocial e incorporar una encuesta nacional de salud mental en el trabajo.
La propuesta plantea establecer una ruta de atención para que las personas trabajadoras puedan acceder de manera voluntaria, gratuita y sin afectaciones a su salario a acciones de detección y evaluación cuando existan señales de una posible afectación relacionada con sus actividades laborales.
El protocolo contempla un tamizaje inicial para determinar si es necesaria una evaluación especializada y, cuando corresponda, la referencia a los servicios de atención adecuados.
Ortiz Pérez explicó que también se propone establecer mecanismos de contrarreferencia y seguimiento, con el propósito de garantizar la continuidad de la atención y evitar que ésta concluya después de una primera valoración.
La iniciativa establece que los patrones deberán facilitar el acceso voluntario de las personas trabajadoras a estas acciones y adoptar medidas preventivas, pero sin tener acceso a los resultados clínicos individuales, que deberán mantenerse confidenciales.
Asimismo, plantea que la Secretaría de Salud coordine, al menos cada cinco años, una encuesta nacional de salud mental en el trabajo, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instituciones públicas de seguridad social y la colaboración técnica del Inegi.
La legisladora señaló que en México 75 por ciento de las personas trabajadoras reportan niveles de estrés laboral y destacó que los riesgos psicosociales incluyen factores como estrés, agotamiento, acoso y violencia laboral.
Durante la presentación, especialistas del Colegio Nacional de Psicología Clínica para el Trabajo respaldaron la propuesta y señalaron que la NOM-035 constituye un punto de partida, pero existen brechas en la atención de las personas trabajadoras identificadas con posibles riesgos psicosociales.
Ortiz Pérez sostuvo que el objetivo es fortalecer la prevención y atención de la salud mental laboral, así como generar información nacional que permita conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas con base en evidencia.
