Por Bruno Cortés
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez informó que presentará una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y eliminar la permanencia indefinida de las magistradas y los magistrados que integran estos órganos jurisdiccionales.
La propuesta plantea modificar el artículo 17 de dicho ordenamiento, con el objetivo de establecer un límite temporal para quienes ocupen estos cargos, una vez que sean ratificados por la Cámara de Senadores.
Estrada Domínguez explicó que actualmente, después de su ratificación, las magistradas y los magistrados de los tribunales agrarios pueden permanecer en el cargo sin un límite máximo claramente establecido, situación que busca modificar mediante la reforma.
El legislador señaló que la iniciativa pretende que los tribunales agrarios transiten hacia un esquema de temporalidad en el ejercicio de sus funciones, al considerar que los cargos públicos no deben convertirse en posiciones permanentes.
De acuerdo con la propuesta, las magistradas y los magistrados tendrían inicialmente un periodo de seis años y podrían ser ratificados por un segundo periodo de la misma duración.
Con ello, el tiempo máximo para desempeñar el cargo sería de 12 años, después de los cuales podrían ser removidos, conforme a las disposiciones que se establezcan en la reforma.
El diputado sostuvo que seis años constituyen un periodo suficiente para que quienes integran los tribunales agrarios desarrollen experiencia y desempeñen sus funciones, mientras que una eventual ratificación permitiría extender su responsabilidad por un periodo adicional.
Estrada Domínguez insistió en que el objetivo es evitar que estos cargos se conviertan en espacios indefinidos y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor temporalidad en las instituciones encargadas de atender los asuntos jurídicos relacionados con el campo.
Por su parte, la diputada María Magdalena Rosales Cruz consideró que la reforma es relevante para el sector jurídico agrario, al señalar que las controversias relacionadas con el campo deben ser atendidas por magistradas y magistrados que cuenten con la confianza de la población.
